Málaga planifica hasta 2022 sólo la mitad de las VPO que se demandan

El escenario a corto y medio plazo en el que se mueve la promoción de vivienda protegida, ya sea de la mano de los actores públicos ya sea de los promotores privados, se antoja convulso. La previsible eliminación de ayudas públicas por parte de la Junta de Andalucía en su nuevo plan de vivienda afecta de lleno a las previsiones de construcción de este tipo de unidades residenciales. La situación es tal que el propio Ayuntamiento de Málaga apenas proyecta en el horizonte 2014-2022 el impulso de 4.500 pisos sociales, cifra que cubre poco menos de la mitad de la demanda actualmente existente en la capital, que se eleva a unas 10.000 personas.

Así lo indican los datos del registro de demandantes con el que cuenta el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y que reparte en 6.600 las peticiones de pisos protegidos en régimen de alquiler y en otras 4.300 las demandas de viviendas en venta. No obstante, las estadísticas disponibles señalan el alquiler con opción a compra como la fórmula que más predicamento tiene entre los que acuden a esta vía para optar a una vivienda, con unas 8.800 peticiones.

A pesar de lo que dicen los números, los responsables municipales consideran que la demanda real se corresponde más bien con las necesidades de viviendas en alquiler, dado que la inmensa mayoría de peticionarios inscritos dispone de un nivel salarial por debajo de 1,5 Iprem, o lo que es lo mismo, por debajo de los 9.000 euros. Un base económica de difícil encaje en promociones en venta.

Y ello parece estar bien presente en el plan local de vivienda, actualmente en situación de avance, elaborado por el Ayuntamiento. El mismo otorgará "máxima prioridad" a las unidades en arrendamiento, relegando de manera clara la fórmula de adquisición. Hay que tener en cuenta que, según las previsiones iniciales, el Ayuntamiento sólo dispondrá de ayudas públicas para promociones en alquiler y sólo del Estado, que prevé aportar 250 euros por metro construido útil. O lo que es lo mismo, unos 17.500 euros por un piso de 70 metros.

Estos datos ponen en cuestión las previsiones residenciales marcadas en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad, que reserva suelo para 17.700 viviendas de protección oficial (a las que sumar otras 25.000 de renta libre). La previsión inicial es que buena parte de estas actuaciones sean asumidas por los promotores privados. Sin embargo, la eliminación de las ayudas públicas a la promoción hace pensar que esta obligación pasará a manos del propio Ayuntamiento.

Con todo, es previsible que el Consistorio se encuentre con una saturación de terrenos para promociones públicas más que evidente. Si para los próximos ocho años el equipo de gobierno del PP habla de 4.500 pisos a precio asequible, la puesta en carga de las previsiones del planeamiento requerirían de unos 30 años.

Esta cuestión será abordada hoy en el marco de una jornada organizada por el Ayuntamiento de la capital y en la que, además, se abordarán los planes estatales y regionales de vivienda protegida. Pomares hizo hincapié en el necesidad de conocer detalles de la propuesta andaluza y confió en que el Gobierno regional apueste por esta modalidad residencial y no sólo por la fórmula de la rehabilitación. "Que construya más de 36 viviendas protegidas en los próximos cuatro años...", dijo el edil.

Asimismo, el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda puso en cuestión el papel jugado por el Gobierno central y la Junta en la promoción de pisos a precio asequible. Ausencia de protagonismo que contrasta con el papel municipal, que ha asumido buena parte de los 460 millones de euros que han requerido las 5.032 VPO ejecutadas en la ciudad desde 2000, el 57% de las mismas en régimen de alquiler y el resto, de venta.

Sólo tomando como referencia los pisos en arrendamiento, Pomares dijo que de los 170 millones invertidos, 131,4 fueron aportados por el Ayuntamiento (77%), mientras que el resto se reparte entre el Estado, con 24,8 millones y la Junta, con 14,2 millones.