La labor de confección de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Málaga para 2018 parece haberse contagiado del bloqueo con el que se encuentra en este momento la tramitación del documento por excelencia en la Casona del Parque: el presupuesto. Tanto es así que alcanzado el final de ejercicio, el equipo de gobierno del PP asume la prórroga a partir del 1 de enero de 2018 de los tributos y tasas en los mismos términos en los que han estado vigentes este año. Y ello supone la congelación total del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

Un estado de congelación, sin aplicación si quiera del IPC, que se extenderá a toda la anualidad que viene. Por el contrario, es factible pensar que el resto de tributos sí puedan sufrir alteraciones en los próximos meses una vez se resuelvan las numerosas incógnitas que pesan sobre el impuesto de Plusvalías y la previsible reforma de mismo por parte del Ministerio de Hacienda.

"Cuando veamos el verdadero impacto de la reforma en materia de plusvalías, con el rigor de mantener el equilibrio presupuestario, podremos ir a más en otros impuestos, aunque partiendo del hecho de que el IBI en el Ayuntamiento es casi la mitad que en otros municipios", explicó ayer el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, quien abundó en la idea de que será en el momento en que se conozca "la realidad de los números" cuando el Ejecutivo local analizará la posibilidad real de modificar la plusvalía en transmisiones mortis causa.

No obstante, el edil del PP no se mostró tan preocupado por esto último, como por el efecto que pueden tener sobre las arcas municipales las últimas sentencias judiciales que reconocen el derecho de los propietarios que protagonizaron transmisiones inter vivos a pérdida (es decir, a un precio inferior al que les costó cuando se hicieron con una vivienda, por ejemplo) a que no se le liquide la Plusvalía o a que se le devuelva el dinero que en su día se le cobró.

"Eso nos va a obligar a reenfocar las plusvalías a futuro e incluso aquellas que ya se han devengado y liquidado en ejercicios anteriores sobre la base de lo que diga la normativa; eso puede tener un impacto económico en las cuentas municipales de mucho dinero", dedujo el también portavoz del PP en la Casona del Parque. Los datos de los últimos meses, en los que el Ayuntamiento ha decidido no cobrar el impuesto a los propietarios que informen de haber vendido a pérdida, reflejan una reducción de ingresos por esta vía de unos 6 millones de euros.

El propio Conde admitió que la cuestión de las ordenanzas no ha sido siquiera abierta a negociación con el socio de investidura, Ciudadanos, porque todo el esfuerzo se centra en poder desbloquear y avanzar en el presupuesto municipal de 2018. Documento que, en el mejor de los casos, habrá de esperar aún algunos meses antes de que pueda ser tramitado. De facto, lo que ocurre con las ordenanzas fiscales es que se prorrogan sin más. Toda una novedad si se tiene en cuenta que era habitual que en el mes de octubre se iniciase la tramitación de las mismas.