El Ayuntamiento de Málaga vuelve a pegar a la puerta del Gobierno central para que pague los casi 8 millones de euros que le corresponden de los costes de expropiación de suelos del proyecto de reforestación del río Guadalmedina. En una carta remitida hace apenas una semana por el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, la Administración local demanda al Ministerio de Transición Ecológica el reintegro "inexcusable" de esta cuantía.

El punto de partida que emplea el Consistorio para sustentar esta reivindicación es el convenio firmado en 2011 con la antigua Confederación Hidrográfica del Sur (CHS) para la restauración hidrológico-forestal de la cuenca del Guadalmedina. Conforme a lo plasmado en ese documento, la entidad en aquel entonces estatal se comprometía a financiar el 75% de los costes de expropiación de los terrenos necesarios, mientras que el 25% restante correspondería al Consistorio.

La realidad, sin embargo, es que ha sido el Ayuntamiento el que ha sufragado hasta la fecha en solitario los 10,5 millones de euros a los que han ascendido las diferentes enajenaciones de parcelas. De acuerdo con los porcentajes fijados, la parte municipal tendría que haberse limitado a poco más de 2,2 millones de euros.

En la misiva, según pudo saber este periódico, el concejal expone su confianza en que por parte del ministerio se responsa de manera satisfactoria a la demanda, evitando de este modo que el Consistorio ejerza las acciones legales pertinentes. Del contenido del documento se deduce igualmente que no parece que sea la primera ocasión en la que se produce una reclamación de este tipo.

Se da la circunstancia de que si bien ahora es el Gobierno central el foco de atención municipal, antes lo fue la Junta de Andalucía. Cabe recordar que en 2016 la Gerencia de Urbanismo activó un contencioso administrativo contra la Administración regional por el pago de algo más de 7,1 millones de euros, fruto de las expropiaciones materializadas en este mismo proyecto de restauración hidrológico forestal.

La vía cicilista por el río sigue bloqueada casi seis años después de ser presupuestada

La remisión de esta demanda a la Junta estuvo motivada en que al poco de firmarse el acuerdo original las competencias de la extinta CHS pasaron a manos autonómicas. La decisión de acudir a la vía judicial se tomó después de que el Gobierno andaluz rechazase atender la petición municipal. El objetivo de esta intervención era mejorar las condiciones de seguridad del cauce en caso de avenidas de agua. Esta actuación supuso la expropiación de 35 fincas, con una superficie de 3.429.598,39 metros cuadrados.

La cuestión fue puesta sobre la mesa por López en el marco de la Comisión de Ordenación del Territorio cuando se debatía una moción formulada por Adelante Málaga sobre el futuro del Guadalmedina y el retraso que acumula el proyecto se construcción de una vía ciclista en este trazado. El debate permitió conocer que el impulso de esta senda sigue bloqueada después de que fuese presupuestada hace casi seis años.

Según el concejal, en este momento el impulso definitivo está a la espera de que la Fundación Ciedes complemente la documentación técnica necesaria para ir adelante con la actuación. Entre estos añadidos se encuentra un documento geotécnico. 

La actuación planteada supone extender el carril bici en los pasillos laterales que nacen a la altura de la calle Huerto de los Claveles (conectando con el carril bici que procede de la calle Ollerías) hasta el puente de La Rosaleda, para, posteriormente, ser prolongado hasta las proximidades de la presa de El Limonero, donde el tratamiento del carril sería más natural.