Algo más de cinco agresiones a la semana. Exactamente 5,34. Es el dato de los ataques físicos y verbales contra profesionales de todas las categorías en los centros sanitarios públicos de la provincia en 2023. En total, el año pasado se registraron 278, 10 más que las contabilizadas en 2022. Según las cifras del Registro de Incidentes y Agresiones en Centros Sanitarios (RIAC) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), 217 fueron verbales y 61 físicas. Este último número supone que se notificó una menos que en el ejercicio anterior, cuando se registraron 62 físicas y 206 verbales. 

De acuerdo a los datos del RIAC, una de cada cinco agresiones es física. Aunque esta proporción puede tener cierto sesgo ya que las amenazas e insultos suelen denunciarse menos que los ataques que comprometen la integridad corporal. 

Los datos se conocen días después de que sindicatos y colegios profesionales reiteraran su petición de una reunión de la Mesa Provincial de Agresiones para "repensar" las medidas a fin de contenerlas porque "algo está fallando". De momento no hay fecha para la convocatoria. Entre las propuestas que sugieren esos colectivos están, entre otras, vigilantes de seguridad en todos los centros sanitarios, alejamiento preventivo del agresor mientras se dicta la sentencia, alejamiento definitivo de su ambulatorio con la asignación de otro más lejano, más videovigilancia en las zonas comunes y sanciones administrativas -como por ejemplo una multa- para quien ataque verbal o físicamente a un trabajador del SAS. 

La Administración destaca que el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones de la Consejería de Salud cuenta con un programa de acompañamiento al trabajador agredido y un profesional con formación específica que ejerce como guía en la prevención de estos ataques así como en la actuación cuando se producen. "Esta figura del profesional guía tiene el objetivo de acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión", destaca Salud. Según la Administración, el Plan habilita canales ágiles para que la persona que sufre una agresión "no esté sola momentos después de ser agredida", al tiempo que facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y apoyo jurídico a los profesionales que deciden denunciar. 

Sin embargo, es una queja recurrente de muchos profesionales agredidos que dicen sentirse "abandonados". El secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Juan José Sánchez, sostiene que ese apoyo del sistema "va por barrios", ya que "algunos centros tienen más empatía y otros, un trato más frío" con el profesional víctima de un ataque, una amenaza o un insulto. "Echamos de menos el acompañamiento y la comprensión con los compañeros que han sufrido una agresión", manifestó.  

Las medidas y recursos que destaca la Administración

Por su parte, Salud defiende que el Plan ha reforzado las medidas en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo. Además, destaca que ha "mejorado la coordinación entre los interlocutores policiales territoriales sanitarios, los interlocutores sanitarios, los directivos de los centros y las asesorías jurídicas provinciales que también se reforzarán". El Plan integra las aportaciones de un grupo de trabajo creado por la Consejería de Salud y en el que han participado agentes sociales, asociaciones de pacientes, letrados de la Administración Sanitaria y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Tras facilitar los datos de 2023, la Administración enumeró estos logros y recordó que la última medida que se ha adoptado en materia de prevención y atención a agresiones ha sido el reconocimiento del personal de los centros sanitarios como autoridad pública. Reconocimiento que se recoge en la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía que establece que "los profesionales sanitarios y el personal de gestión y servicios de la comunidad autónoma de Andalucía, en el desempeño de las funciones que tengan asignadas, en el sistema sanitario público de Andalucía, tendrán la consideración de autoridad pública y gozarán de la protección reconocida a tal condición por la legislación vigente". Ello los equipara, entre otros, a los policías y en consecuencia agrava las penas. 

Actualmente, los centros sanitarios públicos de la provincia de Málaga cuentan con un total de 5.578 medidas de seguridad de distinto tipo, entre los que se incluyen 557 cámaras de seguridad, 1.390 timbres en consulta, 139 consultas comunicadas con interfonos, 1.130 teléfonos en consultas, 373 salidas alternativas o 1.937 terminales en puestos de trabajo en consultas con el software antipánico instalado.