El Ayuntamiento de Málaga da un paso al frente tras conocerse la última sentencia del Tribunal Constitucional que anula el cobro del denominado impuesto de plusvalías a aquellos contribuyentes que al vender un inmueble no han ganado dinero en la operación. Ante el pronunciamiento, que tiene incidencia estatal, los responsables de Gestrisam comunicaron ayer su decisión de suspender de manera provisional el cobro de este tributo a todos los ciudadanos que hayan vendido a pérdida. La aplicación será visible desde el próximo lunes, a pesar de que el fallo judicial no haya sido aún publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

No obstante, como informó ayer el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, el carácter definitivo de la medida estará condicionado al camino que finalmente tome el Gobierno central, en el sentido de modificar o anular definitivamente este impuesto en los casos de ventas a pérdida tras la resolución del Constitucional. "Vamos a permitir que las personas que en el devengo de la plusvalía tengan seguridad de que la venta realizada del inmueble es a pérdida nos lo hagan llegar y nosotros le liquidaremos el impuesto a 0 para que el cobro no se produzca", expuso el edil del PP, quien aclaró que ello no implica la eliminación del impuesto "a la espera de la toma de una decisión por parte del Gobierno; tratamos de que no se cause perjuicio económico".

Desde enero se han presentado unas 500 solicitudes por operaciones sin beneficio

Por ello, insistió en la necesidad de que el Gobierno "arroje luz diciendo cuándo se produce la venta a pérdida de valor, que estén los medios para medir eso, pero mientras eso ocurre partimos de la presunción de que las personas han vendido a pérdida y el cobro del impuesto queda suspendido". "Si todo va conforme a lo que pensamos, que el Gobierno regule este asunto, con la aportación documental del interesado esa suspensión del cobro se convertirá en una suspensión total", añadió.

El responsable del área económica puso en valor el trabajo "a destajo" de los técnicos de Gestrisam para ir adelante con esta medida. Al tiempo, precisó que la propuesta ahora conocida afecta a los tributos actuales, sin que tenga carácter retroactivo. Una posibilidad que estará, a su vez afectada por el sentido de la sentencia del Constitucional. "Lo que hacemos ahora es suspender el cobro, lo que está cobrado será reclamado por las personas afectadas y habrá que estar a lo que disponga la resolución final del Gobierno", incidió.

En cuanto a la afección que esta medida puede tener para las arcas del Consistorio, Conde consideró que será "menor que la que tendrá para otras administraciones". Sobre ello, recordó que la liquidación, "que no lo cobrado", el año pasado por este impuesto se situó en unos 60 millones de euros. Conde recordó que en 2015, cuando se produjo la modificación del Catastro, con una reducción del valor catastral del 22%, "el Ayuntamiento asumió como tal la pérdida de ingresos por este concepto". En el presupuesto vigente, la previsión es de 46,9 millones.

Sobre los posibles afectados, los técnicos consideran que habrá que esperar varios meses para conocer la dimensión. Desde que se puso en enero pasado se puso en marcha un registro para informar a los posibles afectados, se han contabilizado del orden de 500 reclamaciones. Ese número no tiene por qué coincidir con contribuyentes, dado que puede haber una promotora que haya entregado dados de 24 inmuebles.