Mansión de lujo verde para Ávila Rojas

El promotor granadino José Ávila Rojas reconoció ayer ante el tribunal que le juzga por presunto cohecho y blanqueo en el caso Malaya que en la actualidad vive en una villa de lujo de Marbella que construyó en una parcela de 6.894 metros aportada por Juan Antonio Roca que, según la Fiscalía Anticorrupción, es en gran parte era zona verde. El empresario explicó que el exasesor de urbanismo, a través de la sociedad Invest Arcela, le proporcionó en 2002 una finca en la urbanización Cascada de Camoján ya con licencia de obras y proyecto de ejecución, con el compromiso de que él edificaría un chalé de alta gama con vivienda para invitados y después se repartirían al 50% las ganancias. Ávila Rojas precisó que de acuerdo con el trato inicial él tenía que invertir en torno a 300 millones de pesetas en edificar la villa y si todo hubiera salido bien se podría haber vendido por unos 900 millones de pesetas.

La licencia de obras fue posteriormente recurrida, aunque el promotor granadino aseguró ayer que un juzgado la ha considerado válida. En cualquier caso, el desarrollo de los acontecimientos impidió que se produjera la venta y que el negocio entre ambos socios pudiera ser liquidado. Por eso, ahora la lujosa mansión es ocupada por Ávila Rojas. Ayer puntualizó que "no la quería dejar sola por si pasa algo" El empresario también reconoció que en los negocios comunes que tenía con Roca, en los que uno ponía el suelo y el otro la obra, se hacía constar en las escrituras públicas un beneficio inferior al realmente obtenido por el exasesor de urbanismo en estas promociones, dejando así una parte de los beneficios opacos al fisco.

En cualquier caso la Fiscalía Anticorrupción considera a José Ávila Rojas no sólo como uno de los promotores más beneficiados por el urbanismo de la etapa del GIL, sino también como uno de los más próximos a Roca. Frente a este planteamiento, el empresario insistió ayer en que él es una mera víctima, que construía en Marbella como lo hacía todo el mundo, o sea con arreglo a la revisión del PGOU de 1998 que nunca fue firme, y que nadie le llamó la atención por eso, ni siquiera los arquitectos, porque esta era la manera habitual de hacer las cosas en esta localidad.

Abundó en este argumento cuando subrayó que la Junta de Andalucía primero cobró todos los impuestos y después impugnó las licencias. Incluso recordó que aún cuando parte de las promociones se pararon y han quedado en el nuevo PGOU como zona verde o equipamientos, otras muchas están habitadas desde hace años. No obstante, aseguró que "jamás" se aprovechó de ningún acuerdo municipal sospechoso. "No me he beneficiado ni un milímetro de las decisiones del Ayuntamiento", puntualizó para a renglón seguido "comprometerse" ante la sala a "devolver" a Marbella con sus "bienes presentes y futuros" cualquier cantidad que se considere obtenida a través de favores municipales.

Según su versión, él no sólo no le debe nada a Marbella, sino que es el Ayuntamiento quien está en deuda con él porque le entregó importantes sumas por convenios urbanísticos que nunca fueron ratificados, ejecutó obras municipales que todavía no han sido liquidadas y hasta pagó la indemnización impuesta al Ayuntamiento en un pleito con una empresa. "Intentan ensuciar me y no sé por qué", concluyó el promotor, que se enfrenta a 10 años de prisión y 55 millones de multa por los delitos de cohecho activo y blanqueo de capitales.