El caso Malaya escribe sus últimos capítulos casi 10 años después de que se produjeran las primeras detenciones por la que ha resultado ser la mayor trama de corrupción política y urbanística en la historia de España, ratificada ya por el Tribunal Supremo. Los primeros condenados en firme con penas de más de dos años de cárcel tenían de plazo hasta ayer para ingresar de forma voluntaria en el centro penitenciario de su elección. Y, a excepción del testaferro Salvador Gardoqui, que ingresó un día antes, los más de 20 condenados apuraron los plazos para acudir a cumplir su condena. La sorpresa la dio la que fuera la teniente de alcalde de Marbella tras la moción de censura a Julián Muñoz, Isabel García Márquez, que se presentó en una cárcel de Ávila. La ex alcaldesa Marisol Yagüe, varios ex concejales más y el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta ingresaron, como se esperaba, en el penal de Alhaurín de la Torre. Y otros condenados optaron por cárceles de Madrid, Barcelona, Murcia y Algeciras, centros donde pudieron pasar algo más desapercibidos. A Juan Antonio Roca, el cerebro de la trama, era al único que no se le esperaba, porque lleva casi diez años entre rejas por otras causas judiciales relacionadas.

Marisol Yagüe, la que se hiciera en el año 2003 con el bastón de mando del Ayuntamiento de Marbella tras la moción de censura contra el entonces alcalde, Julián Muñoz, acudió a la prisión de Alhaurín de la Torre cuando apenas restaban unos minutos para que el reloj marcara las 19:00. Lo hizo acompañada de sus dos hijos y su hermana; con gesto compungido y dando las gracias a los medios de comunicación que la esperaban a las puertas del centro penitenciario. Tendrá que cumplir una pena de 5 años y medio de prisión y afrontar el pago de una multa de 2,3 millones de euros por los delitos de cohecho pasivo, malversación de caudales públicos y fraude.

La cárcel de Alhaurín de la Torres también fue la escogida por el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta, que consiguió evitar prácticamente todos los focos que se concentraban en las puertas. Fue el primero en presentarse para cumplir, en su caso, los 4 años de prisión impuestos por blanqueo de capitales. Fue a primera hora de la tarde -16:20- y acudió acompañado de su abogado en un taxi.

Casi dos horas más tarde, apareció uno de los testaferros de Roca, Óscar Alberto Benavente, acompañado de dos personas. Entró con dos bolsas de viaje y una almohada con la que afrontará las noches de los siguientes 4 años entre rejas por un delito de blanqueo de capitales.

Varios ex concejales marbellíes ingresaron también en este mismo centro penitenciario a lo largo de la tarde. Primero llegó José Luis Fernández Garrosa, condenado a 4 años y medio de prisión por un delito de cohecho y fraude, que se cubrió el rostro con la capucha de la sudadera que llevaba puesta. Belén Carmona, 2 años y medio por cohecho pasivo, llegó algo más tarde y se limitó a decir: "llevamos diez años pagando". Fue la respuesta a la pregunta de una periodista acerca del tiempo que ha pasado desde que se inició la causa. Pocos minutos antes de que apareciera la ex alcaldesa de Marbella lo hacía Rafael González, condenado a 4 años y medio por cohecho continuado, fraude y prevaricación administrativa. El último en ingresar (20:25) fue el también ex edil Tomás Reñones, condenado a 5 años y medio de prisión por cohecho continuado, fraude y prevaricación administrativa.

Cuando las puertas de acceso del penal de Alhaurín de la Torre estaban a punto de cerrarse y se esperaba aún que al menos acudiera Isabel García Márquez, la agencia Efe informó de que había ingresado en el centro penitenciario de Brieva (Ávila) para cumplir los tres años y medio a los que ha sido condenada. Según las fuentes consultadas iba acompañada por familiares, se encontraba tranquila y habría elegido finalmente la cárcel de Brieva por ser pequeña, sólo de mujeres y estar cerca de Madrid.

El cuñado del cerebro de la trama de corrupción, Antonio Jimeno, ingresó en la cárcel de Murcia, según informó la agencia Europa Press. Está condenado por un delito de blanqueo de capitales a una pena de 2 años y medio de prisión y al pago de una multa de 916.5409 euros.

Emilio Jorrín, ex concejal condenado a 2 años y medio de prisión por un delito de cohecho continuado, entró ayer por la mañana en Algeciras (Cádiz). Y el también ex concejal Vicente Manciles, condenado a 3 años y medio de cárcel por cohecho, en Valdemoro (Madrid). El ex primer teniente de alcalde Pedro Román estaba también previsto que ingresara a lo largo del día de ayer en una cárcel de Madrid -3 años y medio-.

Salvador Gardoqui, testaferro del cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, fue uno de los primeros en ingresar en prisión; lo hizo el pasado martes, un día antes de que se agotara el plazo de entrada voluntario, en la prisión de Alcalá de Henares (Madrid) para cumplir su condena a 4 años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales.

Los ex concejales José Jaén y Pedro Pérez, según confirmaron fuentes del caso a Europa Press, habrían ingresado también el pasado martes en la cárcel de Barcelona. Ambos están condenados a 3 años y medio por cohecho.

Todos ellos son los primeros penados por el caso Malaya que entran en la cárcel después de que el pasado 11 de enero el tribunal de Malaya ordenara a los 27 condenados con penas superiores a dos años de prisión que ingresaran en un centro penitenciario en un plazo máximo de diez días. El pasado martes, además, la misma Sala les advirtió que si no cumplían dicho plazo se decretaría su busca y captura.

Los empresarios que protagonizaron el boom inmobiliario tienen la opción de solicitar la suspensión de la condena y eludir la cárcel. Desde el dueño de Aifos y sus principales ejecutivos, hasta el cordobés Rafael Gómez Sandokán, el sevillano José María González de Caldas, el empresario taurino Fidel San Román o el abulense Enrique Ventero, todos ellos han sido sentenciados a penas que oscilan desde seis meses de prisión a un año y 10 meses. Por lo que serán los que escriban el último capítulo del caso Malaya.