"Lo de Marbella se sabía, pero a veces el juez va a remolque de la Policía"

El presidente de la Audiencia de Málaga aboga por mejorar la organización para celebrar los macrojuicios sin abusar del presupuesto público · Reivindica economistas forenses para los delitos de cuello blanco

El nuevo presidente de la Audiencia de Málaga, Antonio Alcalá, en su despacho institucional.
El nuevo presidente de la Audiencia de Málaga, Antonio Alcalá, en su despacho institucional.
Encarna Maldonado / Málaga

10 de octubre 2011 - 01:00

Antonio Alcalá Navarro (Bailén, Jaén, 1950) llega a la Audiencia Provincial de Málaga cuando ya es público y notorio que ésta es una plaza compleja. También ha quedado clara la capacidad de su plantel de juristas: se han celebrado macrojuicios simultáneos de una magnitud desconocida hasta ahora fuera de la Audiencia Nacional. La duda que queda por resolver es si se podrá mantener este ritmo en tiempos de vacas flacas porque la mayor parte de las macrocausas están por llegar.

-¿Su reto en la Audiencia?

-Que funcione. Debemos anticiparnos a los problemas. No tenemos que ver cuál es la planta judicial ahora y que este edificio emblemático, hecho con enorme esfuerzo de la Junta de Andalucía y ya pequeño. Tenemos que pensar en las necesidades de 2020, que será más o menos mi año de jubilación, para anticiparnos.

-Antes de que eso ocurra llegarán muchas causas importantes: Nilo, Astapa, Arcos, Hidalgo, Goldfinger o Acinipo. ¿Cómo se pueden afrontar?

-Son asuntos muy delicados y complejos que absorben la sección que los conoce durante el desarrollo del juicio. Es necesario ver cuándo llegarán y cuándo concluirán los trámites para el juicio oral para procurar que no coincidan, secuenciarlos en función del número de salas que tenemos y sus dimensiones. Y en último caso, si no es posible, habrá que pedir un esfuerzo especial a quienes nos dotan de medios materiales, a la Junta de Andalucía.

-O sea, mejor organización.

-Claro, para que no nos sorprenda. Es importante que las conformidades se alcancen ante de que llegue el día del juicio, cuando ya se ha hecho todo el esfuerzo material y humano en citaciones y emplazamientos. Si optimizamos los recursos se puede sacar un gran provecho y evitar gastos. Si un juicio va a durar mucho se puede retrasar un mes o dos meses si con eso se evita el gasto de acondicionar otra sala como la de Malaya. Y no sólo porque estemos en crisis, sino porque es dinero público que pagan los ciudadanos y hay que ser muy escrupuloso. Mi idea es hablar con la Fiscalía, los magistrados de la Audiencia y los colegios de Abogados y Procuradores para tratar entre todos de optimizar el funcionamiento de la Administración de Justicia.

-¿Y los juzgados de la provincia ?

-Sería importante que cuando el juez de instrucción perciba que puede estar ante un macroproceso hubiera una especie de comunicación especial para hacer un seguimiento desde la Audiencia para facilitar los medios, porque esos macroprocesos colapsan bastante los juzgados y en algunas ocasiones hay que liberar al juez titular.

-Las causas más complejas proceden, precisamente, de juzgados de la provincia tradicionalmente peor dotados. ¿Hasta qué punto tienen capacidad, medios y experiencia para asumir procedimientos tan complejos?

-Se ha mejorado mucho. Los partidos judiciales de Marbella, Fuengirola y Torremolinos tienen la jurisdicción civil y penal dividida y son servidos por magistrados. El caso más preocupante quizás sea Estepona, que tiene cinco juzgados y parecen insuficientes para su carga de trabajo.

-Se ha insistido mucho en la falta de medios.

-Atendería más que hubiese una Policía Judicial más al servicio del juez, porque muchas veces actúa a impulsos de la Policía. Sería necesario que la instrucción del proceso y la investigación la llevara más el juez.

-Los abogados personados en las macrocausas critican siempre que no instruyen los jueces sino la Policía.

-Muchas veces es así y no digo que sea por motivos torticeros o espúreos, sino simplemente porque para investigar delitos económicos hace falta un perfil muy especializado. La propia Policía tiene que esperar la llegada de funcionarios con esa especialización para poder investigar y el juez va un poco a remolque de la iniciativa policial.

-¿Sería conveniente mayor especialización judicial en esos delitos complejos?

-Para eso ya están los peritos. Aunque no estaría de más tener unos rudimentos en determinadas materias, lo importante sería contar con economistas forenses, lo mismo que en los juzgados de familia hay psicólogos. En lugares donde determinados delitos sean muy frecuentes deberíamos contar con técnicos forenses especializados en materias muy cualificadas adscritos a los tribunales superiores o a las audiencias.

-Estuvo desde 1979 hasta 1992 al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, ¿se veía venir lo que iba a pasar?

-Sí. Muchas veces el juez siente impotencia. Hay determinados casos en los que está cantado. Y hablando de Marbella, nadie se llevó una sorpresa por la existencia de determinadas personas incluso ajenas al Ayuntamiento que tenían un determinado protagonismo y un poco la operativa que seguía. Eso se sabía. Por eso digo yo que algunas veces se va a remolque. ¿Quién da la orden de intervenir? ¿Quién decide cuándo se interviene? Yo estoy seguro que cuando a un juez de instrucción se le lleva suficiente material como para incoar un procedimiento lo incoa.

-Se ha dicho que no fue posible porque de alguna manera los jueces de Marbella no le prestaron atención.

-No es cierto.

-Faltaban indicios sobre la mesa.

-Claro, y luego parece que se hace de menos a los demás jueces cuando a uno le ha correspondido realizar una determinada instrucción gloriosa. Estoy seguro de que cualquier juez de Marbella, Estepona, Ronda o Málaga, cualquiera de ellos si la Policía le presenta unas evidencias actúa absolutamente en el mismo camino: el que marca la legalidad. ¿Quién decide esa intervención?

-El Gobierno.

-Yo no me atrevería, eso lo dice usted. Pero sí, la Policía tiene un gran componente de dependencia. Hay una doble cadena de mando: la de la autoridad gubernativa, que al fin y al cabo es a la que obedece porque es la que paga, y la cadena de mando judicial.

-¿Hubiera habido otra solución antes de la judicial?

-Muchas veces se ha hecho un ejercicio de buenismo, de pensar que determinadas cosas no eran posibles. Antes cuando un alcalde firmaba un mandamiento de pago hacía falta que estuvieran el cajero, el secretario, el interventor... Había una serie de garantías, pero con el pretexto de que se paralizaba la actividad administrativa, se dijo que eran representantes del pueblo elegidos democráticamente y que a los cuatro años se sometían otra vez a las urnas lo que parecía suficiente para garantizar su honestidad. Creo que se ha hecho un ejercicio de buenismo porque son muchos los políticos que han tenido que ser sometidos a procesos y condenados.

-Alcaldes de diez municipios han sido condenados por delitos urbanísticos mientras arrecian las voces de que los atropellos a la ordenación del territorio son asuntos contenciosos y no penales. ¿Qué opina?

-El problema está en el deslinde de las jurisdicciones. También sucede entre lo civil y penal cuando hablamos de maniobras especulativas arriesgadas. Si se realiza una interpretación equivocada de una actuación administrativa nos podemos encontrar en el campo administrativo, pero a veces la ligereza, negligencia o ignorancia inexcusable son tan constitutivas de delito como cuando se actúa de forma dolosa. De todos modos cierta indefinición en los planes generales de la provincia ha podido propiciar, que no justificar la comisión de esos delitos.

-¿Cuál es la jurisdicción más colapsada?

-La mercantil. Es espantoso. Necesitaríamos 11 juzgados y hay dos. El concurso de acreedores deja a las compañías en stand by con una indefinición de derechos que necesita ser resuelta con el convenio o la liquidación, pero como los juzgados están como están son imposibles de despachar en poco tiempo. Esto se puede convertir, además, en una estratagema para no pagar.

-Los grandes concursos, como el de Aifos, tienen vistas señaladas para 2013, no parece que esto vaya a mejorar.

-Los incidentes que se plantean en el concurso se pueden recurrir pero sólo al final cuando se aprueba el convenio o la liquidación. Así que cuando termine el proceso de Aifos nos podemos encontrar que suban a la sala 200, 300 ó 400 recursos y no dará abasto.

-¿Cuál debe ser la relación entre la Universidad y la Audiencia?

-Debe ser como el hospital Clínico para Medicina. Me gustan los suplentes que vienen de la Universidad. Tienen un perfil técnico científico muy interesante. Me parece mejor que el suplente profesional que es un señor que decide no ejercer ninguna profesión jurídica.

stats