El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP) y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, han sido condenados no por dirigir una trama de extorsión a promotores del municipio, sino por exigir un soborno de122.000 euros a cambio de una licencia de obras. La Sección Octava de la Audiencia de Málaga ha resuelto en estos términos el caso Troya contra la corrupción político urbanística en Alhaurín el Grande. Por el camino han quedado 18 acusados a los que el fiscal retiró los cargos en el último momento y 12 delitos de cohecho más que la Fiscalía imputaba a Martín Serón y a Guerra y para los que el tribunal no ha hallado indicios suficientes.

La sentencia, que impone a cada uno 200.000 euros de multa y un año de suspensión, establece que el alcalde y el concejal de Urbanismo "jugaban" con la confusión urbanística de Alhaurín el Grande, haciendo una interpretación "laxa o estricta" de las normas, de manera que el arquitecto municipal emitía informes, farragosos e ininteligibles, contrarios a la expedición de licencias que "por arte de magia" se convertían en "favorables". A modo de ejemplo el tribunal recoge una conversación telefónica intervenida el 23 de noviembre de 2006 en la que Martín Serón le decía a Guerra que diera instrucciones al arquitecto municipal para que le pusiera "las cosas negras" a un promotor, de modo que después ellos pudieran hacerle ver "el gran favor" que le hacía el Ayuntamiento dándole la licencia.

Este escenario es el que aclara por qué trataron hacer creer al promotor y denunciante del caso Troya, José Burgos El Perola, que sólo podía edificar cuatro o cinco viviendas y después le autorizaron 14 como si se tratara de "un favor que se le concedía graciosamente". El Perola denunció en su momento y mantuvo en el juicio que Gregorio Guerra le había exigido 122.000 euros por la licencia.

El tribunal estima que Juan Martín Serón, aunque formalmente tenía las competencias urbanísticas delegadas en el concejal, controlaba el urbanismo municipal porque así se pone de manifiesto en varias conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación. También precisa que estaba al tanto del soborno porque en una entrevista que mantuvo con el promotor el 18 de enero de 2007, grabada por la Policía, Gregorio Guerra explicaba que "Juan" le había dicho que "tirara para adelante" porque "con Pepe no hay problemas".

La cautela manifestada por Gregorio Guerra en las charlas telefónicas El Perola es uno de los indicios en los que se basa el tribunal para afirmar que no le pedían a El Perola una compensación para el municipio, sino dinero para su enriquecimiento personal. En dos conversaciones y una entrevista grabadas entre el 7 de noviembre de 2006 y el 18 de enero de 2007 el concejal hablaba de encubrir la "compensación" que le pedía con el "pago de cosas" como suministros municipales y que él obtendría únicamente un recibí. Como el denunciante sugería que la propuesta no era muy ortodoxa, Guerra le respondió que tampoco era muy legal la licencia que le habían dado, concluyendo la entrevista "amenazas veladas" relativas a una posible paralización de la obra y revisión de la licencia. El tribunal destaca que los 122.000 euros sólo podían ser un soborno y no una contraprestación para el municipio porque en ese caso la negociación no se hubiera realizado de una manera "tan oscurantista".

Para el tribunal también es aclaratoria la actitud del concejal de Urbanismo negándose a responder sobre un archivo alusivo a El Perola hallado en su ordenador y resalta el "valor probatorio" de unas notas intervenidas en su despacho, sobre las que "no ofrece ninguna explicación razonable", en las que se hace constar que se cobran 80 euros por cada metro de más y 6.000 euros por cada vivienda, tasas que coinciden con la suma exigida a El Perola.