A cambio de un pago que oscilaba entre los 8.000 y los 10.000 euros, los responsables de la trama también organizaban, presuntamente, matrimonios de conveniencia con mujeres españolas para que los trabajadores obtuvieran el permiso de residencia. Ellas recibían, según la Policía, unos 2.000 ó 3.000 euros. Hubo 11 detenidas, todas ellas vulnerables. "Eran solteras con apuros económicos que accedían a estos matrimonios fraudulentos, que se llegaban incluso a celebrar", explicó el portavoz de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif). La otra parte contrayente la formaban, principalmente, pakistaníes que trabajaban con los líderes en sus restaurantes. Un ciudadano español se encargaba, presuntamente, de captar a las protagonistas. Era la persona encargada de acompañar a las parejas a los organismos públicos, caso del Ayuntamiento y de las oficinas de empadronamientos, "para crear esa ficción". El matrimonio solo existía en los papeles.

La red criminal, que disponía de un elevado poder adquisitivo, también contaba, supuestamente, con el apoyo de una gestoría que le proporcionaba cobertura legal a todo el proceso para la realización de contratos ficticios y las posteriores solicitudes de regulación a través de dicha unión matrimonial.

Los agentes arrestaron a los dos dueños de una gestoría y a una empleada por su supuesta implicación en los hechos investigados. Los hermanos que regentaban el restaurante, junto con otro hombre de origen angoleño, facilitaban, según la nvestigación, la regularización de pakistaníes y subsaharianos, haciéndolos pareja de hecho con españolas o, en su caso, con mujeres de otros países de la Unión Europa. Todo ello, a cambio de un pago que oscilaba entre los 8.000 y los 10.000 euros.