El tramo del Metro de Málaga entre El Perchel (junto a la Estación María Zambrano) y Guadalmedina (hasta El Corte Inglés) fue una de las licitaciones que, según una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "alteraron" seis grandes constructoras de este país que han sido multadas por este órgano con 203,6 millones de euros. 

Según esta resolución Acciona Construcción, S.A., Dragados, S.A., FCC Construcción, Ferrovial Construcción, Obrascón Huarte Lain, S.A. y Sacyr Construcción, S.A. se reunían "semanalmente" desde 1992 hasta 2017. En las reuniones, las empresas decidían los concursos en que iban a compartir –entre todas o en un subgrupo– una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. Los trabajos se encargaban conjuntamente por los miembros del Grupo a empresas externas,.

Además, según el documento, en los encuentros semanales, las empresas intercambiaban información comercial sensible (diferente de la necesaria para compartir los trabajos), por ejemplo, su intención de concurrir o no a licitaciones, o la intención de formar UTEs (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las integrarían.

En el caso de los contratos de edificación y obra civil de infraestructuras de interés general (hospitales, carreteras, aeropuertos, etc.) durante el periodo investigado la oferta técnica era en muchas ocasiones la variable competitiva con mayor importancia. Esta llegaba a alcanzar el 70% de la puntuación del concurso, frente al 30% correspondiente a la puntuación económica.

Este fue el caso del tramo de Metro que sacó a licitación la Junta de Andalucía en el año 2008, de forma que lo separaba del paquete completo de las obras, cuya adjudicataria era una UTE liderada por FCC. Este concurso lo acabó ganando una UTE liderada por Ortiz que se encargó de la construcción de la infraestructura y la urbanización del tramo hasta que rompió el contrato debido al sobrecoste de los materiales. El presupuesto de esta licitación se elevaba por encima de los 59 millones de euros. En 2015 la Junta de Andalucía volvió a licitar el tramo con la UTE que ha concluido la obra, encabezada por las empresas Accciona y Sando. 

Además de esta licitación en la resolución de la CNMC aparecen otros ejemplos de obras de la provincia –si bien son sólo una muestra y no el listado completo– entre las que se encuentran la nueva carretera entre la variante de Coín y Casapalma en 2006 (con un presupuesto de casi 15 millones); la Autovía A-357 del Guadalhorce, enlace Casapalma-Cerralbo (32 millones); dos edificios para construir sendos Centros Andaluces de Investigación por la UMA (5 millones); un aparcamiento público en Nerja (2 millones), y actuaciones de balizamiento en el Aeropuerto Costa del Sol (11,25 millones). 

El hecho de compartir las ofertas técnicas y los intercambios de información entre licitadores incumplen los deberes de proposición única y de secreto de las proposiciones y eliminan la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contratación pública.

La CNMC recuerda que contra estas resoluciones podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.