Monitores de educación especial denuncian la privatización del servicio y piden empleo público

Unos 200 monitores -técnicos de integración social según su categoría profesional- trabajan en las aulas específicas y asisten a los alumnos con necesidades educativas especiales en los colegios e institutos de la provincia. Un centenar de ellos son personal laboral de la Junta. La otra mitad está subcontratada por empresas que participan en los concursos licitados por Educación. Hacen la misma labor, pero el sueldo del personal privado se rebaja a la mitad. Y si unos tienen tres nóminas impagadas, inestabilidad en sus contratos -el 85% de obra y servicio- y falta de reconocimiento profesional, otros denuncian que cada necesidad nueva que se crea se deriva a la empresa privada, por lo que la bolsa sólo se mueve por las bajas y las vacantes del personal laboral. Piden empleo público en igualdad de condiciones para todos.

"Lo único que queremos es que se haga lo más justo, que todas las necesidades salgan en una relación de puestos de trabajo a través de la Junta de Andalucía y se cubran por la personas que más puntos tengan según los baremos de la Junta, sea de quien sea, de la privada o la pública, que entre como personal laboral y se le contrate", explicó ayer Rogelio Sánchez, coordinador provincial de la Asociación de Integradores Sociales de Andalucía (AISA). Ayer se concentraron frente a la Delegación de Educación para reclamar que las necesidades se cubran con personal laboral.

"Hemos hecho cálculos y el servicio quedaría emparejado en temas económicos, no sale más caro por contratar desde la Junta, el problema es más bien la línea de trabajo, meter en la administración empresas privadas o no", agregó. Y mientras ellos demandan que todos los puestos se adjudiquen en función del mérito y la capacidad que cada uno pueda acreditar, los monitores subcontratados exigen la regularización de su situación.

"La bolsa no se abre desde 2006, si hay necesidades nuevas, aulas específicas recién creadas o más monitores que hagan falta los sacan a licitación, contratan a la privada, las empresas concursan a la baja y los sueldos son muy inferiores", comentó Mili Vega, portavoz en Málaga de la Plataforma de Monitores de Educación Especial. "A nosotros nos cortan en verano, vamos al paro, cobrando aún menos y con el miedo de que te vuelvan a llamar o no", añadió y sostuvo que en octubre iniciarán una huelga si no hay cambios en su situación. A los profesionales de Málaga -en su mayoría mujeres- les deben tres nóminas de 2015 y aseguran que "nos ponen en el contrato auxiliar técnico educativo o cuidadora para pagarnos menos dinero, pero nos exigen la función de monitora, hacemos apoyo escolar, tutorías con los padres..., las mismas funciones que el personal de la Junta pero cobrando la mitad", apuntó Vega.

Desde esta plataforma demandan que se abra la bolsa "ya que hay trabajo para todas". Y, al menos, "si la Junta no nos contrata, que se nos regularice y tengamos las mismas condiciones laborales que nuestros compañeros, porque hacemos el mismo trabajo", reiteró Mili Vega. Ya se han celebrado varios juicios sobre la supuesta cesión ilegal de trabajadores y las primeras sentencias saldrán en breve.