Muelle Uno reclama al Puerto casi 7 millones por impedir el supermercado

La promotora del centro comercial del puerto de Málaga, Muelle Uno, mantiene vivo un contencioso administrativo y una reclamación por casi siete millones de euros contra la decisión del Consejo de la Autoridad Portuaria que impidió asentar un supermercado de la firma Carrefour en la esquina de los muelles 1 y 2. Una cuantía económica con la que, al parecer, sufragar los daños que a juicio de los actores privados del proyecto habría causado no contar con ese establecimiento, que consideran una pieza central del nuevo espacio ciudadano.

Así lo expusieron a este periódico varias fuentes próximas a la intervención, que indicaron que la acción judicial abierta por la promotora, de la que forman parte Myramar, Edipsa y Unicaja, entre otras firmas, puede datar de hace un par de años, en los meses posteriores al acuerdo adoptado por el consejo portuario, de diciembre de 2010. Este periódico quiso contar ayer con una versión de la promotora, sin que ello fuese posible.

La exigencia es una especie de espada de Damocles sobre la estabilidad económica del Puerto, si bien en el seno del organismo, según las fuentes, existe tranquilidad sobre el recorrido de la demanda, al entender que los pasos dados en su días estaban perfectamente sustentados. A pesar de ello, esta demanda económica se mantiene activa en un momento en que Muelle Uno ha solicitado al Puerto ciertas facilidades para afrontar la obligaciones económicas que tiene contraídas por contrato y para allanar el camino que permita implantar una tienda de alimentación en la zona.

A mediados de noviembre fue el propio presidente del Puerto, José Sánchez Maldonado, el que informó a este periódico de la existencia de una petición por parte de los promotores de renegociar las condiciones del canon al que anualmente tienen que hacer frente. La posición del ente portuario es de acceder a negociar, si no una reducción de la cuantía, sí un aplazamiento de la misma. Pero todo ello, pasa irremediablemente por la retirada del citado contencioso.

De acuerdo con la oferta seleccionada para la explotación de la que fue bautizada como nueva calle Larios, el canon a pagar a la Autoridad Portuaria cada año, durante un plazo de 35, ronda los 800.000 euros, fruto de la mejora sustancial (30% de aumento) que realizó Udisa, que encabezaba la alianza empresarial cuando se produjo el concurso, sobre los 670.000 euros que se exigían en el pliego de condiciones. A ello hay que añadir un 5% de los resultados de explotación de los locales.

Pero el contexto económico se está dejando sentir y mucho sobre Muelle Uno, al punto de que el propio presidente del Puerto llegó a hablar de "volumen de pérdidas significativo". Una muestra más que palpable es lo ocurrido con Unicaja, que participa en el proyecto a través de su filial inmobiliaria, Acinipo, con el 29% de la participación, y que, según publicó el diario Expansión el pasado 25 de octubre, tuvo en 2011 unas pérdidas de 550.000 euros con el proyecto del puerto. De extrapolar este dato a la globalidad de la sociedad, los números rojos podrían elevarse a cerca de 1,6 millones de euros.

"Nos dijeron que las cuentas no les salen, que quieren volver a hablar con el Ayuntamiento, con nosotros y con la Junta", dijo Sánchez Maldonado, que se mostró dispuesto a analizar posibles vías alternativas para suavizar, en lo posible, el mal momento por el que atraviesa el centro comercial.

El rechazo formal del Puerto a la posibilidad de situar un supermercado en la denominada esquina de oro fue aprobado el 21 de diciembre de 2010, tras un amplio rechazo de numerosos colectivos de la ciudad. La justificación a la que se agarró el ente para avalar la decisión fue que la oferta comercial de la adjudicataria del muelle de La Farola no incluía este uso como locomotora del nuevo espacio.

Al tiempo, la Autoridad Portuaria se dotó de un informe de la Abogacía del Estado según el cual es el consejo de la institución el que dispone de la autoridad para tomar la decisión, una resolución con la que el ex presidente del organismo, Enrique Linde, quería anular cualquier vía de reclamación judicial por parte de la firma afectada. El informe de la Abogacía del Estado concluía que con su apuesta por el supermercado, la concesionaria incumplía el pliego de condiciones, en cuyas cláusulas se determina que los usos a ejecutar "deben ser los contemplados en la oferta, en la que no se hacía de manera alguna referencia al uso alimentario". "Ser adjudicatario de la explotación no permite al concesionario introducir libremente cualquier uso comercial", añadía el documento, que apuntaba que si se admitiese que la empresa se desviara de los términos en que hizo la oferta, "se lesionarían los derechos de los terceros concurrentes que, al presentar su oferta, previeron el impacto negativo que tendría en la puntuación de sus ofertas la inclusión de un supermercado".

Hoy, según otras fuentes consultadas, se mantiene viva la opción de que el Muelle Uno sí cuente con una tienda de alimentación, aunque poco tendría que ver con el establecimiento que provocó la polémica. De hecho, las fuentes indicaron que una de las posibilidades pasaría por un establecimiento de unos 1.500 metros cuadrados, tipo gourmet.