La mano dura del Ayuntamiento de Málaga, ya constatada desde hace varias semanas contra el fenómeno de las terrazas irregulares, se deja sentir y mucho desde principios de año en la venta de alcohol a menores y fuera del horario permitido. Muestra de la contundencia con la que ahora se emplea el equipo de gobierno del PP, afilando las herramientas de las ordenanzas que tiene a su disposición, es la imposición de una multa de 40.000 euros, la mayor de cuantas se conocen, a un local regentado por un propietario de origen chino.

Según consta en la información oficial, la sanción contra el dueño del establecimiento, cuya identidad se corresponde con las iniciales Y. Ch. se justifica en el "reiterado incumplimento" de la norma que impide vender bebidas alcohólicas a menores de edad. Se da la circunstancia, según informaron fuentes municipales, de que junto a esta resolución, fechada el pasado 16 de febrero, se comunicó el decreto de cierre temporal del establecimiento por un periodo de seis meses.

El concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, admitió que ésta es la sanción más elevada de cuantas ha impuesto su departamento por este motivo. "Nos hemos puesto duros con los seis o siete establecimientos que incumplen de forma habitual", explicó el edil del PP, que recordó que este local, situado en la Avenida Cánovas del Castillo, "ya ha sido cerrado en varias ocasiones durante algunas semanas, al tiempo que se le han impuesto sanciones de hasta 3.000 euros".

"No tengo explicación para este caso; lo normal es que los propietarios de este tipo de bazares, cuando se les pilla y se les multa, rectifiquen", insistió Pomares. No obstante, como admitió el concejal de Derechos Sociales la imposición de las multas no necesariamente lleva aparejado su cobro inmediato. Al respecto, destacó los problemas a los que en ocasiones se enfrenta la Administración local a la hora de "localizar una cuenta bancaria o proceder a embargos; se dan casos de propietarios que van a Gestrisam y pagan, pero otros en los que por el simple movimiento de una letra en el nombre surgen muchas dificultades".

Aunque más que destacable por su volumen económico, esta multa, notificada ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) por ignorarse el domicilio del afectado, no es la única impuesta en lo que llevamos de año. Al respecto, el área de Derechos Sociales tiene registrados 42 expedientes sancionadores por este mismo motivo, a los que sumar otra treintena de casos en los que se está pendiente de incoar los citados expedientes. En contraste, a lo largo de todo 2011 las multas fueron 95 (de ellas 69 graves y 26 leves).

El local ahora afectado es uno de los trece sobre los que el área de Seguridad del Consistorio decretó el cierre, "todos regentados por personas de origen asiático", expuso en su momento el concejal responsables de este departamento, Julio Andrade. La medida drástica se adopta sólo en los supuestos en los que el incumplimiento de la normativa es continuada. De todos ellos, el de Cánovas del Castillo tiene un cierre de seis meses, mientras que hay otros cuatro con cuatro meses de penalización y otros cuatro deberán permanecer cerrados por tres meses.

Los datos aportados por el Ayuntamiento a principios del pasado mes de abril situaban las sanciones impuestas por beber en la calle durante 2011 a 3.349, mientras que sólo en el primer trimestre de 2012 fueron 1.090 los expedientes tramitados. Extrapolando esta cifra al resto del ejercicio, las actuaciones penalizadoras podrían dispararse por encima de las 4.300. Un número que puede ser incluso superior si se tiene en cuenta que el periodo enero-marzo no incluye los periodos festivos por excelencia en la capital de la Costa del Sol, caso de Semana Santa, Feria, las fiestas navideñas y el periodo estival. A lo largo de los seis últimos años (2006-2011), son 304 las multas impuestas, de las cuales 193 son graves y 11, leves.