Los alcaldes de la mayor parte de los municipios del Guadalhorce, que aún siguen vertiendo sus aguas residuales al río por no tener depuradora, critican estar siendo inspeccionados y sancionados por la Junta de Andalucía, a pesar de estar pagando un canon de vertido precisamente por no tener aún infraestructuras de saneamiento que debe hacer esta administración.

Cártama, Álora, Alhaurín el Grande, Coín y Pizarra son los municipios que este periódico pudo corroborar que están sufriendo esta situación, y se da la circunstancia de que todos están pendientes de acordar con el Gobierno andaluz la puesta en marcha de los proyectos de depuración pendientes desde hace más de una década y que éste se comprometió a financiar con cargo al canon del agua, que las empresas de abastecimiento de cada municipio están obligadas a cobrar a sus usuarios en sus facturas desde 2011.

Representantes del Foro de Saneamiento califica la situación de "surrealista"

En el caso de Cártama, un municipio de 25.000 habitantes donde prácticamente el 99% de sus aguas residuales son vertidas sin tratar directamente al río, su alcalde, Jorge Gallardo (PSOE), aseguró que desde hace unos cinco años "al menos una multa de unos 6.000 euros al año recibimos" y cada vez que eso ocurre señaló que el Ayuntamiento las recurren por considerar que "no son justas", lo que le ha supuesto incluso problemas con la Administración autonómica a la hora de obtener subvenciones.

Para el regidor de este municipio del Guadalhorce, es "totalmente absurdo" que alguna de las sanciones haya sido porque uno de los colectores de saneamiento que discurre por los arroyos que desembocan en el río "haya reventado unos metros antes de llegar al Guadalhorce y nos multen por contaminar".

Lo mismo está ocurriendo en Álora, donde su alcalde, José Sánchez (PSOE), afirmó incluso que el Ayuntamiento ha llegado a los tribunales y "hemos ganado en todas las ocasiones menos en una que tuvimos que pagar".

Las inspecciones y las multas son una rutina todos los años, indicó Sánchez, que dijo con resignación que "nos hemos reunido con responsables de la Junta un montón de veces con que se haya arreglado una situación que no entendemos".

Y es que todos estos municipios pagan una cuantía al año en función del número de habitantes que tienen y su carga contaminante en concepto de autorización de vertido al río Guadalhorce. En el caso de Pizarra, el alcalde, Félix Lozano (PP), dijo que se paga a la Junta en torno a unos 18.500 euros al año por este motivo. Pero en municipios más grandes como Alhaurín el Grande, con casi 25.000 habitantes, el canon que le da derecho a verter sus aguas residuales al Guadalhorce asciende a alrededor de 60.000 euros anuales.

Es la razón por la que la alcaldesa de este municipio, Antonio Ledesma, criticó que "no tiene sentido que los mismos a los que pagamos por autorizarnos a hacer una cosa nos sancionen por hacerlo" y señaló que también el Ayuntamiento ha recurrido a los tribunales estas sanciones y "nos han dado la razón".

La caja de Pandora la abrió ayer el Foro de Saneamiento Integral de la Costa del Sol al acusar abiertamente a la Junta de Andalucía de sancionar a los municipios de la zona por verter directamente a los ríos, a pesar de que "las autoridades públicas competentes aún no han construido" estas depuradoras.

Así, el gerente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) y coordinador de esta plataforma, Antonio Aranda, tachó de "surrealista" estas sanciones por considerar que "no tiene ni pies ni cabeza" por parte del Gobierno autonómico, del que este periódico trató de obtener sin éxito ayer su versión.

En este sentido, se refirió a las dos depuradoras pendientes en el Guadalhorce y que pondrían fin a esta situación. Por un lado, la que abarcaría las aguas residuales de Coín, Álora y Pizarra, y por otro, la ubicada en la capital que recogería también la carga contaminante de Cártama y Alhaurín el Grande.

Según Aranda, la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio estima que en ambos casos estarán en marcha en 2019. Pero la realidad es que si bien es cierto que en el primer caso la obra está adjudicada y pendiente de la resolución de un expediente expropiatorio para iniciar las obras, en el segundo aún no se ha decidido ni dónde ni cómo se hará debido a que la Junta y el Ayuntamiento de Málaga aún no han llegado a un acuerdo sobre la capacidad de la nueva planta estimada en 40 millones de euros.

Pero tanto el alcalde de Cártama como la alcaldesa de Alhaurín el Grande criticaron "estar al margen" de toda negociación y no estar siendo informados de cuál es la situación actual respecto a este proyecto.