La ex mujer de Del Nido desliga sus cobros en Marbella de su marido
El fiscal afirma que percibió 111.000 euros por oponerse en nombre del Ayuntamiento a la demanda de segregación de San Pedro que había presentado su propio esposo
La comisión pro segregación de San Pedro Alcántara presentó en septiembre de 1994 un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la negativa de la Junta de Andalucía a permitir que esta localidad se separara de Marbella. El escrito lo firmaba el letrado José María del Nido. A mediados de 1999 el presidente del Sevilla se convertía en un hombre de confianza de Jesús Gil con la misión de apagar el fuego que amenazaba con prender el Tribunal de Cuentas que comenzaba entonces a fiscalizar la contabilidad municipal. Y apenas unos meses después Gil le encomendó, sin procedimiento administrativo previo, a la entonces esposa de José María del Nido, Ángeles Carrasco, que se personara en nombre del Ayuntamiento en el procedimiento judicial por la segregación de San Pedro y opusiera la artillería técnica contra el intento independentista.
Según la Fiscalía Anticorrupción, en un lado de aquella mesa se sentaba José María del Nido, defendiendo los intereses de los vecinos segregacionistas, y al otro Ángeles Carrasco, para oponerse en nombre del Ayuntamiento. Por aquel trabajo la abogada, coimputada en el caso Minutas junto a su ex esposo, percibió 111.907 euros. El fiscal Francisco Jiménez-Villarejo acusa a esta letrada de prevaricación, falsedad y fraude en concurso con malversación por lo que le pide dos años y nueve meses de prisión y siete años de inhabilitación.
Ángeles Carrasco declaró ayer ante el tribunal de la Audiencia de Málaga que juzga el caso Minutas para explicar a preguntas del fiscal que un día, estando en el Club Financiero, el domicilio y centro del poder político y empresarial del gilismo, el fallecido Jesús Gil le preguntó si podría hacerse caso del asunto de la segregación de San Pedro. Admitió que le sorprendió la propuesta y preguntó por qué no le hacía el encargo a José María del Nido, que ya había asumido la dirección de los asuntos judiciales del Ayuntamiento. "Me dijo que José María no quería", aclaró ayer la acusada. Después fue su ex marido quien le explicó que no asumía ese asunto porque fue él quien presentó la demanda, pero sólo a efectos formales, porque el abogado que se encargaba de defender los intereses de los vecinos de San Pedro era el ya fallecido José Antonio Gallego no estaba colegiado en Málaga.
Según Ángeles Sanz, el hecho de que Del Nido supuestamente no hubiera asumido la defensa de los vecinos en el proceso de segregación, aún cuando fue quien firmó el recurso, y el que ella fuese una letrada que ejercía de forma autónoma e independiente de su marido, aún cuando compartían bufete, dejaba el camino expedito de cualquier tipo de incompatibilidad para representar al Ayuntamiento aquel procedimiento porque José María del Nido "jamás redactó un solo documento y los clientes lo sabían".
Por tanto, preparó la respuesta a la demanda, propuso pruebas y giró minutas: una de 69.000 euros y varias por valor de 6.900 euros. El fiscal Francisco Jiménez-Villarejo aseguró ayer que Carrasco emitió facturas al Ayuntamiento en periodos en los que no realizó ninguna actuación en esta causa.
La letrada se defendió asegurando que se trataba de los trabajos ya hechos por lo que debía de haber cobrado "cien millones de pesetas" y apenas si recibió "el 20%" de esa cantidad. En cualquier caso subrayó que "eso era mío y nunca jamás él [José María del Nido] se ha metido en mi vida profesional ni yo en la suya".
Anticorrupción también acusa a Ángeles Carrasco de haber colaborado en la estrategia de José María del Nido para hacerse con una posición de dominio en los procesos que se seguían en el Tribunal de Cuentas puesto que mientras él representaba al Ayuntamiento otras letradas de su despacho, entre ellas su ex mujer, defendían los intereses de los consejeros y directivos de las sociedades municipales que supuestamente deberían haber sido perseguidos por el propio Ayuntamiento. En este sentido, la abogada, que actualmente ejerce como procuradora, manifestó que ella "jamás" "ha redactado ningún documento ni cobrado por ninguna gestión ante el Tribunal de Cuentas". Sólo en una ocasión y, puntualmente, le hizo "un favor" a otra compañera y presentó documentos en su nombre en ese tribunal.
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