Niños de un colegio se quedan fuera pese a los casos de empadronamientos falsos

En el proceso de escolarización del año pasado, en marzo de 2012, se presentaron 75 solicitudes para las 50 plazas del colegio concertado María Inmaculada, en Antequera. Los padres que demandaban estos puestos escolares en su zona de influencia denunciaron a un grupo de seis progenitores que "sabían" que habían cometido fraude en el empadronamiento aportado al centro. "Allí nos conocemos todos, algunos son amigos de familiares y sabíamos que habían puesto un domicilio falso", explican Alberto Arana y Rafael Carmona, padres afectados. Se celebró el sorteo y cinco de los que cometieron irregularidades entraron en el centro. Presentaron informes policiales, de un detective privado y otras pruebas que fueron consideradas "contundentes" por la propia delegada, Patricia Alba. Por ello, mientras se resolvía el caso y como medida cautelar, se les permitió acceder al colegio a los cinco reclamantes, los primeros de la lista de espera. Este curso han hecho primero de Infantil en el centro pero se han anulado dichas medidas cautelares y la Junta les obliga a cambiar de centro.

"La Policía ratificó que había fraude y nos aseguraron que era un asunto que se iba a resolver en breve, de hecho, la delegada se comprometió públicamente a que eran nuestros hijos los que se quedaban en el colegio", aseguran los progenitores, que ayer se concentraron frente al Edificio Negro. Sin embargo, "en febrero nos encontramos que según la Junta tenía que ser el Ayuntamiento el que procediera a la baja de oficio de los empadronamientos falsos y le echa la culpa al Consistorio de que no ha enviado la documentación requerida a tiempo", añaden.

Aseguran que ahora les han mandado a colegios fuera de su zona de influencia, algunos a más de tres kilómetros de sus casas, pero insisten en que volverán a llevar a sus hijos en septiembre al María Inmaculada. Los padres, que se sienten apoyados por el colegio y el AMPA, acudirán a la jurisdicción contencioso-administrativa y todos las semanas reiterarán su protesta en Málaga.

La Delegación de Educación asegura que "el Ayuntamiento de Antequera no ha certificado la falsedad de los datos aportados inicialmente en marzo de 2012 por las familias reclamadas, por lo que no puede estimar la reclamación, y no habiendo motivo para continuar con las medidas cautelares, el alumnado debe acudir al centro educativo que le corresponda".