El equipo de gobierno del PP no ceja en su empeño de rescatar la piscina de Puerto de la Torre, instalación de titularidad pública pero cuya explotación fue adjudicada a una empresa privada. Tras un primer intento fallido, toda vez que el Consejo Consultivo de Andalucía invalidó la reclamación municipal para rescindir este contrato por los impagos que el socio privado mantenía con la Seguridad Social, vuelve a demandar la reversión del equipamiento apelando al incumplimiento del contrato suscrito con Incomar Blue, adjudicataria.

De acuerdo con el expediente tramitado ayer por la Junta de Gobierno Local, que da luz verde al procedimiento, el Ejecutivo local pone sobre la mesa que el contratista ha incumplido "los plazos de presentación de los proyectos básico y de ejecución, de inicio y terminación de las obras y de apertura y funcionamiento de las instalaciones". Al tiempo se otorga un trámite de audiencia al afectado de 15 días.

El marco temporal que se emplea en este caso es el del acuerdo adoptado el 20 de diciembre de 2013 para modificar el contrato de concesión de la piscina, ampliando el plazo de ejecución de las fases segunda, tercera y cuarta de este equipamiento en 48 meses. No obstante, ello estaba condicionado a que Incomar Blue presentase los proyectos básicos y de ejecución en un plazo de tres meses a contar desde la firma del documento (lo que ocurrió el 27 de enero de 2014); el límite para iniciar la obra era de un mes desde la expedición de la licencia; el periodo de ejecución era de 48 meses, y la apertura y puesta en funcionamiento de las nuevas fases tenía que producirse en un máximo de dos meses desde la licencia de primera ocupación.

Sin embargo, según el expediente municipal, a fecha actual no consta la presentación por parte de la adjudicataria de ningún proyecto relativo a la modificación de la concesión". La presión que ahora parece ejercer el Ayuntamiento sobre el contratista de la piscina de Puerto de la Torre contrasta con la ausencia de reclamaciones en los primeros años de la concesión, en los que incumplió los plazos de ampliación fijados en la adjudicación. Sin embargo, la reacción del equipo de gobierno del PP no fue la de poner sobre la mesa la resolución del contrato.

Algo que realmente no ha hecho hasta el pasado año. Y, lejos de hacerlo por la ausencia de respuesta del privado respecto a sus obligaciones contractuales, se dio el paso después de que la Seguridad Social le reclamase al Ayuntamiento, como responsable solidario, de los 411.000 euros que hasta ese momento adeudaba el concesionario privado por el impago de las cuotas de sus trabajadores. Actualmente, la reclamación de esta suma económica es objeto de un contencioso judicial.