Si todo ser humano dispone de la conciencia como dispositivo de alerta con el que enjuiciar la moralidad de sus actos, el Ayuntamiento de Málaga tiene al OMAU. El Observatorio de Medio Ambiente Urbano viene cumpliendo desde hace algo más de una década el papel de pepito grillo en la esfera de la Casona del Parque, cuestionando de manera abierta la gestión desarrollada desde el Ejecutivo local y proponiendo alternativas de actuación no siempre tomadas en consideración.

De hecho, si relevantes son las continuas señales de aviso lanzadas desde el ente dirigido por Pedro Marín Cots, más aún lo es la capacidad del equipo de gobierno de turno para, generalmente, hacer caso omiso de las mismas. Los últimos ejemplos de ambos comportamientos quedaron de manifiesto la pasada semana. Desde hace años, por medio de escritos e informes de análisis, el OMAU insiste en la necesidad de repensar el modo en que se interviene sobre la zona noble de la ciudad, el Centro histórico. No ya en lo relativo a la materialización de obras de urbanización, sino en la manera en que se gestiona el espacio público y se abre el antiguo barrio al turismo creciente.

El último episodio en esta particular serie de advertencias tiene como protagonista el boom de la vivienda turística y la inacción de los actuales responsables municipales para ordenar el fenómeno e incluso limitarlo. "Hoy, en la primavera de 2018, cuando las principales poblaciones afectadas por la desregulación turística han aprobado medidas o están preparando actuaciones, en Málaga no avanzamos de la labor académica que realizamos en el OMAU o los acuerdos plenarios como el del 23 de febrero de 2018 sobre el modelo turístico que pasan a engrosar el baúl de los recuerdos", lamenta el ente municipal en una última versión de un estudio sobre intensidades turísticas en el casco antiguo, elaborado en el marco del proyecto Alter Eco de Turismo Sostenible.

Un documento en el que llega aseverar la existencia de unas 20.000 plazas de alojamiento turístico ofertadas por una de las grandes plataformas del sector, Airbnb, 7.000 no están regladas. Y que el simple cumplimiento de dos preceptos recogidos en la normativa del PGOU vigente sería suficiente para impedir la instalación de viviendas de esta naturaleza en edificios residenciales o en plantas altas. Lejos de los postulados del OMAU en este asunto, que llega a proponer delimitar zonas en las que no permitir más unidades de alojamiento de este tipo y otras en las que acotar su desarrollo, el equipo de gobierno opta por seguir su camino sin atender a los avisos.

No es la primera vez que ocurre. Si ahora es la vivienda turística el foco de atención, antes lo fueron los excesos de ocupación del espacio público con terrazas de los negocios de hostelería. La preocupación de este organismo por preservar el casco antiguo le llevó a denunciar cómo la gran mayoría de locales de restauración incumplía la ordenanza de Ocupación de Vía Pública y la casi desaparición del comercio tradicional, en beneficio de las grandes multinacionales.

Ya en 2015 abundaba en la necesidad de crear un equilibrio en el turismo con el objetivo de mantener la calidad de vida de los residentes de esta zona urbana, concluyendo que "un exceso de capacidad de carga disminuye la calidad de vida de los visitantes y de los residentes y hacen ingrata y molesta la movilidad en el centro". "No podemos permitir que se puedan vaciar de residentes los edificios, tendríamos una ciudad de cartón piedra, un escenario para el turista y el visitante, un parque temático donde pasar unas horas o días de ocio", concluía. Tres años después la esencia de la queja se mantiene.

Su capacidad de adelantarse a los acontecimientos es incuestionable. Cuando ahora se habla de limitar las licencias a bares y restaurantes, en el marco de la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), el OMAU ya puso sobre la mesa la apuesta por acotar los porcentajes de usos por manzanas, de modo que no se pueda destinar más de un 20% de la edificabilidad, por ejemplo, a un uso comercial o de restauración en calles "saturadas".

Otro de los episodios en los que la reacción de OMAU ha cuestionado al equipo de gobierno tiene de nuevo la normativa de terrazas como eje. A finales de 2016, cuando el área de Promoción Empresarial estaba en pleno proceso de elaboración del nuevo texto (documento que es ahora cuando va a ser aprobado definitivamente), Marín Cots cargó con dureza contra lo que se están planteando. "Incumple las normas mínimas de sostenibilidad urbanas y turísticas aprobadas en la Agenda 21", llegó a decir, al tiempo que añadió: "lo que ocurre en Málaga no ocurre en otras ciudades españolas; hay sombrillas, pero no esos cierres horrorosos que rompen la imagen de la ciudad antigua".

Y se mostró contrario a los planes de aprovechamiento, defendiendo que la norma debe servir para que cualquier conozca "los derechos y deberes que tendrá en caso de solicitar la ocupación de vía pública, sin dejarlo a expensas de un plan de aprovechamiento que supone una indeterminación jurídica y una posible vía de desigualdades".

Tampoco tuvo empacho el director del OMAU en opinar ese mismo año sobre el espectáculo de luces y música con el que el Ayuntamiento adornó la calle Larios. "La iluminación de Larios me parece una horterada absoluta, una cosa horrorosa", sentenció, defendiendo la necesidad de que Málaga atraiga "un turismo elegante; el turismo cultural tiene poco que ver con la horterada de la calle Larios".

En ese momento, llegó a denunciar el fenómeno que está llevando a convertir "una ciudad real en una ciudad de la simulación, en algo que no existe". "Hace unos años el urbanismo cofrade era más comedido, pero ahora se sacan los tronos todo el año, todas las semanas; respetemos los espacios públicos; las plazas siempre han sido espacios diáfanos, para que la gente pasee y se relaje; lo que no puede ser es que esté siempre invadidos por carpas y cachivaches", dijo y agregó: "Estamos en una ciudad antigua, que es patrimonial, esto no es Hollywood, no es Walt Disney".

Una de las primeras referencias del ejercicio del OMAU como conciencia del Ayuntamiento se conoció en 2008, cuando frente a las tesis que manejaba la Gerencia de Urbanismo se opuso de manera radical a la posible construcción de Villa Fernanda. En un informe oficial, después de que Urbanismo autorizase a la propietaria a ejecutar unas 52 viviendas (nunca se han materializado), concluyó que la parcela era "inedificable", reclamando que se denegase el estudio de detalle correspondiente. "El cambio del uso del suelo a través de la edificación propuesta y la intensidad del volumen edificatorio comporta una alteración radical de la composición del jardín, al punto de desfigurarlo por completo", advirtió.

Cientos de personas

ven el encendido de

la calle Larios.