La gota que colmó la paciencia de los operarios de Smassa cayó el pasado 5 de noviembre. Cuando se procedía a la retirada de un vehículo mal aparcado en la calle Guerrita, junto al Camino San Rafael, el dueño salió de un comercio veterano de la zona con el propietario de éste, que recriminó la actuación del operario. Hasta ahí, nada nuevo que añadir a la problemática de este servicio. Pero, según un escrito del presidente del comité de empresa dirigido al concejal de Movilidad, Raúl López, el vecino profirió amenazas y dijo que " ahora mismo voy a hablar con una autoridad municipal para que le ordene que no venga más por esta calle a llevarse vehículos".

El empresario efectuó una llamada a la concejala Teresa Porras y ésta, que se encontraba de viaje, pidió a la Policía Local que se personase en el lugar "para que certificara si estaba siendo correcto el asunto y ya está", dijo ayer Porras. Según denunció Manuel Lima "tenemos calles donde no podemos ir a trabajar, que están vetadas, como los aledaños del Ayuntamiento y las Juntas de Distrito". Además, apuntó ayer Lima, "en Cruz de Humilladero, en la calle Poeta Agustín Rojas, hay una parada prohibida en toda la vía pero no se puede ir allí a trabajar por orden directa de la jefatura de Smassa".

En el escrito, registrado el pasado lunes en el Ayuntamiento, el comité de empresa pregunta con sorna "por las zonas de trabajo a las que debemos de acudir a prestar nuestro servicio de apoyo a la circulación y a qué personas afecta éste". Y agrega que esto es "en base a órdenes verbales y por escrito que se nos transmiten desde la jefatura de Smassa, pues son distintos los sitios a los que no podemos acudir a prestar nuestro servicio". Añade, además, que "se han dado situaciones de llamadas telefónicas a los propios operarios para que desenganchen, entreguen y anulen algún que otro servicio positivo".

Lima señaló ayer que con la actuación de la concejala, que mandó a la Policía, "se produce una desconfianza total en nuestro servicio" y afirmó que están hastiados de que, además de los insultos de los ciudadanos, tengan que soportar "amenazas de personas cercanas a miembros de la corporación municipal y que, con el apoyo de éstos, dejen en entredicho la actuación de los empleados".

En el caso del 5 de noviembre, la Policía encontró justificada la acción de la grúa y el dueño tuvo que pagar las tasas de desenganche en la vía pública. "Hay que decir que la actuación policial fue correctísima", matizó Lima. Pero antes de eso, el vecino fotografió al operario y lo trató, según explicó Lima, "con una actitud prepotente" que esperan que no vuelva a repetirse. La concejala, por su parte, aseguró que "me ofrecí como siempre lo hago con cualquier ciudadano, solo atendí la petición de un vecino".

Ante el hecho denunciado por el comité de empresa de Smassa, la reacción de los grupos de la oposición no se hizo esperar. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, María Gámez, pidió al alcalde, Francisco de la Torre, una investigación detallada para aclarar si existió trato de favor en esta actuación por parte de Porras. "Queremos que De la Torre aclare lo que ha ocurrido, si se confirman nuestras sospechas, en Málaga habría dos tipos de ciudadanos, los que tienen amigos dentro del PP y los que se tienen que ajustar a la ley y pagar su multa cuando retiran sus vehículos", dijo. Una petición de explicaciones a la que se sumó el grupo de IU.

Para la responsable socialista, en el Consistorio, "que haya existido cuestionamiento por parte de la concejala de la actuación de la grúa municipal a la hora de retirar un vehículo es un ataque frontal a las reglas de juego que tenemos en esta ciudad".