Eran las 18:20 y se acercaba el momento más esperado por todos. Tras un Pleno relativamente tranquilo, la concejala del distrito Este, Teresa López, tendría que comparecer a petición del PSOE para aclarar su participación en la concesión de subvenciones a una asociación de vecinos que ella misma preside. La paz de las primeras horas del Pleno en el Ayuntamiento de Málaga pasó a convertirse en una auténtica guerra de nervios, con acusaciones cruzadas y enfrentamientos personales que tenían a López y al portavoz socialista, Rafael Fuentes -al que el PP acusa de haber contratado a dedo a la que sería su cuñada cuando éste era gerente de la Sociedad de Planificación y Desarrollo de la Diputación-, como principales protagonistas activos y pasivos.

El hielo lo rompió el portavoz de IU, Pedro Moreno, quien acusó a López de ser "juez y parte" y preguntó a De la Torre -que no atendió la solicitud de comparecencia de IU por este asunto- si "tiene el mismo rasero entre todos los miembros de su equipo de gobierno" (en alusión velada a la dimisión del ex concejal Manuel Marmolejo). Tomó el testigo la concejal socialista María del Mar Zamora, quien arremetió duramente contra la concejala y contra el propio alcalde. Afirmó que López "incumplió varias leyes y además tardó 17 días en dar explicaciones. Si hubiera sido un error habría salido a la media hora". "No ha cumplido la ley y tiene que asumirlo. O dimite o debe cesarla Francisco de la Torre", continuó. Zamora advirtió que, tal y como indica un informe del secretario municipal, López "tendría que haberse abstenido en la votación e hizo todo lo contrario", pidió a la concejala que "no nos diga que es una santa y no sabe porque sí instruye e interviene en las subvenciones", y exigió al alcalde que "imparta un cursillo acelerado a sus concejales porque es llamativo el desconocimiento que hay de la ley".

Teresa López, por su parte, repitió lo que ya anunció unos días atrás a los medios de comunicación. Afirmó que no piensa dimitir de su cargo y que "ya he asumido mi responsabilidad política" al atender a la prensa y con la comparecencia de ayer. López reconoció que cometió un "error" pero recalcó que "no ha habido un beneficio personal ni trato de favor a nadie", por lo que aseguró sentirse "muy tranquila porque se ha dado el mismo o menos dinero a esta asociación que en años anteriores y que a otras asociaciones del distrito".

La portavoz del equipo de gobierno, Carolina España, fue más guerrera. Defendió la actuación de López y contraatacó afirmando que "tener sentido común es no contratar a una cuñada con dinero público". "¿Ustedes piden la dimisión de López cuando se han saltado todas las leyes al contratar a la cuñada o concediendo subvenciones de 10 millones de euros al marido de la delegada de Bienestar Social?", se preguntó España, consiguiendo que todo el grupo socialista saltara casi al unísono y se montara el guirigay. España continuó afirmando que "no es justo que Manuel Marmolejo no esté sentado en el Pleno y sí lo esté una persona que ha contratado a su cuñada con dinero público", y aseguró tajante que Fuentes "ha perdido toda la legitimidad".

Zamora se enfrascó en una larga y acalorada discusión con De la Torre reclamando un tercer turno de intervención, que le fue denegado, y Fuentes se defendió señalando que "en ningún momento he contratado a un familiar" y, de paso, acusó al alcalde de haber contratado "a su sobrina y a su nuera en el Museo del Patrimonio" o al resto de concejales populares de contratar "hijas, hermanos y esposas". De la Torre tildó de "poco afortunada" la respuesta de Fuentes "por pensar que puede defender su posición lanzando esos ataques. No le voy a contestar siquiera porque no merece la pena".

Los casos de López y Fuentes no fueron ayer los únicos polémicos. La sanción de 300.000 euros de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) al Consistorio por instalar una red wifi gratuita en la capital sin estar dado de alta de operador; la puesta en funcionamiento del sistema conocido como grúa exprés -por el cual un conductor de grúa puede retirar directamente un vehículo tras enviar una fotografía a un policía local y recibir su permiso-; la llegada o no del Cercanías a la Plaza de la Marina; o el procedimiento de contratación de obras menores también fueron objeto de pugna, aunque la mayoría de los populares en el Pleno neutralizó cualquier intento de cambio.