El PP contesta a la campaña del PSOE con los recortes de la Junta
Corredera criticó la labor que los socialistas ejercen en competencias de sanidad
Si el pasado lunes quien atacaba los recortes del PP era el secretario general provincial del PSOE, Miguel Ángel Heredia, ahora es la formación popular la que crítica los ajustes de los socialistas en la Junta de Andalucía. Desde la oposición andaluza se hace "una llamada a la responsabilidad" para que se retire esa campaña contra los recortes del Gobierno central. Se escudan en que estos movimientos intentan ocultar los recortes que desde el ente autonómico se producen, sobre todo, en la competencia de sanidad.
La portavoz en esta ocasión fue la vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal, Ana María Corredera, que piensa "que o se está gobernando y asumiendo responsabilidades o se está cogiendo la pancarta, y aquí algunos parece que quieren hacer las dos cosas" en referencias a las últimas intervenciones de Heredia. La popular criticó la gestión de la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, a quien consideró que había cursado un "doctorado en impagos". Puso como ejemplo los 550 millones que se dijo desde la Junta que debían en sanidad, cuando al revisar facturas se convirtieron en 2.500 millones.
Corredera recordó también que aún se deben 35 millones a asociaciones de minusválidos, cuatro meses a las residencias de ancianos, 13 millones a 300 pequeñas y medianas empresas que prestan servicios a más de 2.000 colegios públicos y unos 250 millones a unos 415 concertados.
Junto a Corredera compareció el secretario provincial y regional de Sanidad de la formación, Ignacio Souvirón, que pidió que no se aprovechara de la situación que pasa el país "para utilizar un paraguas y ocultar esta situación", en referencia a las medidas de la Junta en Sanidad. Souvirón criticó la paralización de infraestructuras, ya que hace 20 años que no se construye un hospital, y consideró que Málaga está "a la cola" en muchos aspectos, como en el ratio de camas donde existe un déficit de hasta 600 unidades, en salud mental o en atención sociosanitaria a dependientes.
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