La decisión de la Junta de Andalucía de reclamar a la Diputación provincial de Málaga la devolución de una subvención de 5 millones de euros concedida en 2017 y que no ha sido justificada ha sido aprovechada este miércoles por el PSOE en la institución supramunicipal para denunciar "la pésima gestión" del PP al frente del organismo. Se da la circunstancia de que la citada aportación, en el marco del Plan de Fomento de Empleo Agrario, fue concedida cuando el actual consejero de Presidencia, Elías Bendodo, estaba al frente de la Diputación.

El portavoz socialista, José Bernal, ha calificado de irresponsables a los dirigentes del PP "por perder cinco millones de euros que se van a dejar de invertir en los pueblos de la provincia". "La Diputación va a tener que devolver cinco millones por la incompetencia y la ineptitud de Bendodo y de Salado; cinco millones que pierden los malagueños y las malagueñas, que habrá que restar a servicios e inversiones en nuestros pueblos", ha expuesto.

"Esta es la herencia envenenada que dejó Bendodo en la Diputación y que continúa el señor Salado, como buen discípulo. Una herencia de pésima gestión que ha provocado la asfixia económica de muchos ayuntamientos de la provincia", ha asegurado. Y ha recordado que alcaldes de la provincia se vieron obligados a movilizarse hace algo más de un año porque la Diputación no les pagaba los materiales del Plan de Fomento del Empleo Agrario. 

De acuerdo con los detalles conocidos sobre la exigencia realizada por la Junta, el gobierno provincial tenía de plazo hasta el 31 de mayo de 2019 para presentar las certificaciones, pero no lo hizo a pesar de las sucesivas prórrogas que el Gobierno regional concedió. 

La Diputación pide suspender la orden de reintegro, "toda vez que su ejecución supondría un perjuicio económico de imposible o difícil reparación"

La Consejería de Administración Local, dirigida por Juan Marín, notificó a finales de 2020 la apertura del procedimiento de reintegro al considerar vulnerado por la Diputación malagueña el artículo 42.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al incurrir en "el incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente". 

El último plazo ampliado se fijó el 15 de agosto de 2019. Hasta cuatro veces fue ampliado el plazo de justificación, bien en general a las diputaciones o en particular a la de Málaga, al objeto de facilitar la presentación de las certificaciones de las obras realizadas con cargo a la subvención concedida. Según fuentes de la institución malagueña, la totalidad de los expedientes fue completada el 20 de marzo de 2020, cuando ya se habían superado los aplazamientos concedidos.

La Diputación de Málaga ha respondido por escrito a la exigencia de devolución del dinero asegurando que la "inmediata satisfacción del reintegro que se le reclama requeriría habilitar el crédito correspondiente, con riesgo de desatención de otros objetivos de interés de la Corporación, llamados a satisfacer necesidades de interés público". Por este argumento, basado en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, solicita la suspensión de la orden de reintegro, "toda vez que su ejecución supondría un perjuicio económico de imposible o difícil reparación".