Un grupo de padres de jóvenes con discapacidad intelectual ha puesto una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz porque sostienen que la Universidad de Málaga (UMA) no reserva el 2% de plazas para estas personas, tal como exige la legislación vigente. “Están incumpliendo la ley. Nosotros luchamos por los derechos de nuestros hijos”, argumenta Belén Santamaría, madre de uno de esos jóvenes. La UMA replica que tiene la “voluntad inequívoca” de aplicar ese precepto legal, pero que por el número de plazas en que se desglosa la Oferta Pública de Empleo (OPE), el 2% resultante sería “un decimal por debajo de 1”. La discrepancia entre los padres y la UMA se produce por la forma en que cada parte calcula ese porcentaje: sobre la totalidad de las plazas de la OPE –como sostienen los padres y que este año son 63– o sobre las distintas categorías en las que se desglosa –como esgrime la Universidad–.

Santamaría afirma que en los casi 12 años que tiene la Ley 26/2011, la Universidad malagueña “nunca” ha sacado plazas para personas con discapacidad intelectual. “Somos un grupo de padres desesperados que nos hemos unido por esta reivindicación”, explica. Detalla que de las 179 plazas de laborales y funcionarios de personal de administración y servicios (PAS) que han salido en esa institución desde 2020 a 2023 inclusive, no hay ninguna para personas con discapacidad intelectual. En ese tiempo, sí se han reservado 13 para discapacidad general.

Los padres han constituido el colectivo Nosotros También Contamos. Aseguran que las universidades de Oviedo, Salamanca, Valladolid, Murcia, Extremadura, Sevilla, así como la Complutense de Madrid o la Politécnica de Valencia sí han convocado plazas para estas personas. “No entendemos cómo una institución con el prestigio de la Universidad de Málaga no hace gala de su solidaridad e integración y ofrece a este colectivo, tan vulnerable, la oportunidad de acceder a un empleo digno para poder alcanzar un proyecto de vida independiente”, esgrimen.

Santamaría recuerda que para cobrar una pensión, estas personas tiene que tener reconocida una discapacidad de más del 65%. Por debajo de este porcentaje no reciben ningún ingreso. “Tienen que trabajar o vivir de sus padres. Somos mayores y cuando fallecemos, muchos se quedan en la indigencia”, argumenta Santamaría, quien insiste en que sólo reclaman que se aplique la ley. Los padres remitieron una carta al rector, José Ángel Narváez, para expresarle su queja, y el pasado 17 de mayo mantuvieron una reunión sobre el tema con el vicerrector de Recursos Humanos, Fernando Palencia.

Según la UMA, en ese encuentro se les comunicó que las normas, tanto estatal como autonómica, que prevén un cupo de reserva para personas con discapacidad intelectual, “son de aplicación a las convocatorias resultantes de las Ofertas Públicas de Empleo, y no estrictamente a éstas”.

La Universidad esgrime que “el número de plazas en que se desglosa esa Oferta Pública de Empleo, en las distintas escalas de funcionarios y categorías profesionales de personal laboral, no permite a la Universidad aplicar ese porcentaje del 2%, que es al que se refieren las normas, en ninguna de las convocatorias resultantes, por cuanto ese número sería, en todo caso, un decimal por debajo de 1”.

La institución sostiene que las personas que tienen reconocida esa discapacidad pueden participar en los procesos selectivos por el cupo de discapacidad general, “así como solicitar, en su caso, incluso en las convocatorias que carecen de ese cupo, las necesarias adaptaciones de tiempo, espacio, tamaño de letra, e incluso de temario, una vez consten en las listas de admitidos”.

Ante la consulta de Málaga Hoy sobre este asunto tras conocer la queja de los padres, la entidad académica malagueña también apuntó: “Existe la voluntad inequívoca de la Universidad de cumplir esa y todas las demás normas jurídicas, así como la sensibilidad y empatía especial que la institución tiene con ese colectivo concreto”.