El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una iniciativa que pide al Gobierno que considere a Manuel José García Caparros, muerto por un disparo durante la manifestación del 4 de diciembre de 1977 en Málaga por la autonomía andaluza, como víctima por su lucha en favor de la consolidación de la democracia.

Entre los heridos en dicha manifestación en Málaga, tras una carga policial, se encontraba el joven militante de Comisiones Obreras, de 18 años, Manuel José García Caparros cuando una bala le atravesó el cuerpo, un disparo cuya autoría se desconoce o no se ha hecho pública desde entonces. La investigación estuvo "plagada de irregularidades", según la familia, que ha denunciado en varias ocasiones la "obstrucción y las enormes dificultades" que han encontrado para acceder a todos los datos.

Cuarenta y seis años después de esta simbólica fecha para la autonomía andaluza, el Parlamento autonómico ha conseguido el consenso suficiente para promover el reconocimiento al joven malagueño y la posibilidad de que se desclasifiquen los documentos de una comisión que investigó en Madrid el caso, lo que podría suceder a partir de la entrada en vigor de la nueva ley de Secretos.

La proposición no ley que recoge estas peticiones ha sido presentada por el grupo-mixto Adelante Andalucía, que lidera Teresa Rodríguez, y reúne el consenso del PP y PSOE, que incorporaron sendos paquetes de enmiendas, y el apoyo de Por Andalucía. Vox se quedó solo en radical su rechazo.

Con la presencia en el debate de la familia de García Caparros, que lleva años clamando por la justicia, la reparación y la verdad sobre el fallecimiento del joven, el Parlamento ha acordado demandar a la Junta que inste al Gobierno a considerarle víctima por su lucha en favor de la consolidación de democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, así como a sus familiares ascendentes y sus colaterales.

Desclasificar los documentos

Solicita también al Gobierno la desclasificación de toda la documentación de la Comisión de Encuesta, sin anonimizar nombres propios sobre el "asesinato" de Manuel José García Caparrós, así como toda la información relativa a los hechos que permanecen bajo secreto.

Igualmente, insta a la Junta a que, en aplicación de la ley de Memoria Democrática de Andalucía, a que García Caparros sea incluido en el censo de víctimas por su lucha en defensa de las libertades democráticas del pueblo andaluz hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía el 11 de enero de 1982.

Otra de las enmiendas solicita al Gobierno andaluz inscribir en el inventario de lugares de memoria democrática el lugar entre las calles comandante Benítez y Alameda de Colón, de Málaga, donde resultó mortalmente herido, y a crear el sendero de los hechos acontecidos el 4 de diciembre de 1977.

La pretensión es, además, que los documentos relacionados con la muerte de Caparros formen parte del patrimonio documental de Andalucía en materia de memoria democrática y garantizar el acceso a la ciudadanía.