El mensaje que una mujer lanzó a los voluntarios de Cruz Roja el mes pasado hacía saltar todas las alarmas. Aseguraba que había recibido una sola indicación: su hija, de la que había tenido que despedirse un mes antes en Nador, entraría en la próxima oleada de pateras con destino a España. La única información de la que disponían es que una niña de 9 años viajaba sola. Ese fin de semana llegaron varias embarcaciones a distintos puntos de la costa andaluza. Motril, Cádiz, Málaga... La ONG activó un sistema para identificar a la menor, a la que su madre advirtió antes de partir que únicamente se dirigiera a los responsables de Cruz Roja. "Mi mamá está en un centro de acogida en Tudela (Navarra)", espetaba una niña de corta edad que había sido trasladada por Salvamento Marítimo hasta el puerto de Málaga. Tenía que ser ella. El encuentro con su progenitora fue, en palabras de Samuel Linares, coordinador de Cruz Roja, uno de los más emotivos a los que los voluntarios habían asistido. "Habitualmente las madres llegan con sus hijos, no fue fácil unirlas. Por cuestiones de organización de la red de traficantes, la menor se quedó a cargo de un vecino en su país", explica.

La prueba de ADN que por decisión judicial hubo que practicarles confirmó que eran madre e hija. Un trámite que resulta obligatorio al detectarse la llegada de no pocas mujeres con un bebés en brazos y sin documentación que acredite que son suyos. "Durante el viaje, sufren agresiones sexuales. Es una estrategia dejarlas embarazadas para que, una vez lleguen a España, no sean expulsadas a su país", relata el inspector Antonio de Haro, jefe del Grupo de Extranjería de la Policia Nacional de Málaga.

1.500Inmigrantes rescatados. Es la cifra registrada desde enero y hasta el mes de junio

La llegada a las embarcaciones esconde un viaje anónimo marcado por la tragedia. "He visto a madres que habían perdido a dos o tres niños en el tránsito. Afortunadamente, eso pasa cada vez menos", recalca el agente. Los rescatados cuentan a los voluntarios de Cruz Roja que pagan unos 2.000 euros a las mafias para conseguir una plaza en una patera. Las cantidades varían según la seguridad que ofrezca el trayecto, la capacidad de la embarcación y los horarios. "Les dan incluso tres oportunidades por si son expulsados. Hay todo un negocio detrás de los inmigrantes", se lamenta el coordinador de la organización. El inspector de Policía añade que "no cruza nadie que no haya pagado ya". Las mujeres adquieren una deuda que deben saldar, a diferencia de los hombres, cuya relación con la red criminal acaba en el embarque. "El control que ejercen sobre ellas ya ha surtido efecto en su país a través de los famosos rituales de budú. Lo complicado es saber quién es la persona a la que se tienen que dirigir aquí", reconoce el jefe policial, quien asegura que se está colaborando con unidades de países africanos para investigar los asentamientos de las redes.

Entre el 1 de enero y el 10 de junio han sido 11 las pateras que han llegado al puerto con 510 inmigrantes a bordo. El rescate posterior de más de 300 en seis embarcaciones ponía al límite a la Policía y a las ONG. El polideportivo de Tiro de Pichón se habilitó como albergue para que recibieran ayuda humanitaria y se pudiera facilitar su traslado a otras ciudades.

Desde enero, ya son casi 1.500 los rescatados. El repunte en el número de subsaharianos dispuestos a alcanzar la costa andaluza en barcazas cargadas con hasta 150 personas está vinculado, en palabras del jefe de Extranjeria, a la recuperación económica y puede responder a la intensificación del control en otras zonas del Mediterráneo. "Ahora tenemos un aumento que está superando cualquier parámetro estadístico", apunta.

El objetivo de la Policía es también velar por que estos inmigrantes no se conviertan "en un caldo de cultivo para la explotación laboral por parte de empresarios con poco fundamento ético". "Son un colectivo muy vulnerable porque tienen una situación muy precaria y necesitan, además de mandar dinero a su casa, demostrar a su familia que la inversión que hicieron les ha supuesto un éxito", detalla el inspector, quien precisa que cada vez hay más jóvenes que arriesgan su vida para llegar a España.

Para mitigar la presión migratoria, el abogado José Luis Rodríguez Candela, vocal de la Junta Directiva de Málaga Acoge, aboga por que Europa impulse "políticas de cooperación al desarrollo para garantizar el derecho a no emigrar entre los suyos". Asimismo, entiende que se les debe dotar de una "autorización de trabajo y residencia temporal para que puedan ganarse la vida y no entren a formar parte de una población en riesgo de exclusión". "Se les está poniendo en manos de mafias", recalca.

Una vez que llegan al puerto, reciben la primera atención sanitaria de manos de un equipo de Cruz Roja, que como Salvamento Marítimo durante su rescate también les ofrece alimentos y ropa. La Policía identifica uno a uno a los inmigrantes y emite las órdenes de expulsión. El juez decide si deben pasar a un centro de internamiento, donde pueden permanecer un máximo de 60 días. La realidad es que la masificación de estos centros obliga a su puesta en libertad. "Lo que sucede de manera habitual por la llegada simultánea de pateras en distintos puntos de la Costa es que la red de CIES se satura", señala el portavoz de Cruz Roja.

La organización tiene acuerdos con hosteleros de Málaga, que ponen a su disposición plazas mientras buscan "redes de apoyo". La medida se aplica de forma habitual desde hace dos años para hacer frente a una situación que ya se torna insostenible.