El dueño de La Pesquera achaca a terceros las obras en su finca

La defensa del empresario de Marbella Ramón Mesas enmarcó ayer el procedimiento por delito contra el medio ambiente por el que la Fiscalía le pide cinco años de cárcel en el escenario de enfrentamiento político que sostenían en 2002 el alcalde del municipio, el fallecido Jesús Gil, y la Delegación de Medio Ambiente.

Según el letrado José María Davó, Gil anunció la construcción de viviendas en terreno forestal a lo que la delegación respondió "viendo gigantes donde había molinos". A este hecho, de acuerdo con su versión, se suma una instrucción deficiente del procedimiento y "la inexistencia" del delito, puesto que a su entender no fue el propietario de los restaurantes La Pesquera quien acometió los movimientos de tierra, efectuó desmontes y cubrió hasta su desaparición el cauce del arroyo La Alberca. Además, alegó que no se trataba de suelos forestales y que, en cualquier caso, no se ocasionaron daños irreparables.

El empresario afirmó ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga que el lecho de río fue recubierto por la constructora de la autopista AP-7 con los materiales sobrantes, mientras que los desmontes los llevó a cabo la empresa Los Altos de los Monteros a la que había autorizado para que construyera un colector de aguas residuales a lo largo de sus terrenos. Mesas precisó que únicamente acometió el vallado de su finca, realizó varios cortafuegos y algunos otros trabajos de objetivo agrícola. El fiscal, en cambio, sostuvo que se produjo el delito contra el medio ambiente porque al tiempo que se realizaban las obras del colector, que tenían autorización municipal, realizó otros desmontes y allanamientos de terrenos que únicamente tenían como finalidad sentar las bases de una urbanización en un suelo no urbanizable que además tenía la consideración forestal.

El acusador Francisco Luque expuso cómo se talaron árboles y se afectó la cubierta vegetal "sin que prácticamente exista ninguna posibilidad de que se produzca su restauración natural".

La Fiscalía reclama a Mesas además de los cinco años de prisión, 30 meses de multa a razón de 30 euros diarios, la inhabilitación como promotor durante cuatro años y una indemnización por valor del importe de los daños causados.

El origen de este procedimiento tuvo lugar en una inspección realizada por los agentes de Medio Ambiente de la Junta que denunciaron la existencia de obras que afectaban al ecosistema sin los pertinentes permisos.

Tras varias visitas y una orden de paralización que según el Ministerio Fiscal fue incumplida, aquella información se puso en conocimiento de la Fiscalía que abrió diligencias informativas e impulsó el procedimiento ante los juzgados de Marbella.