Los narcotraficantes se reiventan ante la presión policial. El transporte ilegal de combustible en el mar se ha convertido en su nuevo gran negocio, aunque ninguno se hará rico. Las organizaciones criminales, según el retrato de un experto de la Guardia Civil con dos décadas de experiencia en el Servicio Marítimo, están pagando hasta 300 euros por cada petaca de gasolina y han generado una novedosa figura de la economía ilícita española: el petaquero. Su papel, surtir de víveres y gasolina a los ocupantes de las gomas –o embarcaciones–. Cobran entre 500 y 2.000 euros cada hora de trabajo. Es la nueva ocupación de los aprendices de narco en el Campo de Gibraltar, donde ya son parte del escenario marítimo.

En su caso, no son fardos de hachís lo que transportan, sino garrafas de combustible para suministrar a las narcolanchas que esperan en alta mar. Aunque esta nueva práctica ilegal es más habitual en el Campo de Gibraltar, el experto entrevistado por Málaga Hoy –que pide permanecer en el anonimato– recalca que también en los puertos de Marbella, Fuengirola y en el de la Duquesa, en Estepona, se ven embarcaciones pequeñas de recreo, de unos 6 metros de eslora, con petacas. Son más pequeñas que las que los traficantes manejan para mover los alijos de droga. Y también más baratas. “Hemos visto lanzar 40 o 50 petacas de gasolina a una embarcación semirígida. Pueden entrar hasta 1.500 kilos de combustible”, asegura. El problema radica en la dificultad de conectar cada aprehensión de gasolina con un alijo de hachís concreto.

En la Costa del Sol han sido varias las gomas abandonadas estos últimos años en playas de la provincia. En la mayoría de los casos, “porque han fallado los motores” –que ya suelen ser electrónicos– y el narco al que se le ha encargado el trabajo “no sabe resetearlo”. Se juegan la vida, porque, remacha el investigador, “no tienen nada que perder”. “En una ocasión encontramos una embarcación impecable a la que no le iba la dirección. En ese caso, el narco que está a 50 metros de la playa ve fantasma por todas partes. No quiere que lo coja la Guardia Civil y se echa a nadar al agua; sabe que en unos metros puede buscar refugio en el chalet de un amigo”, relata.

Pero actúan seguros. “Lo tienen todo muy bien estudiado y manejan muchos millones de euros. Están apoyados por gabinetes de abogados muy fuertes. Hacen cooperativas para parar los puntos en los que actúan las patrulleras de la Guardia Civil. Buscan información y cobran entre 50 y 70 euros la noche. Se distribuyen 80 o 90 zonas del interior y de la costa”, afirma el agente.

El momento “más crítico” y, a la vez, “más espectacular” es el del desembarco de la droga. Las bandas van por delante de la Guardia Civil. “Tienen cámaras de visión nocturna de última generación que cuestan 200.000 euros. Una de ellas fue intervenida en un edificio de la zona de Gibraltar. Se pagan los mejores medios y hasta compran a agentes de la autoridad. Ellos lo tocan todo”, asevera.

El petaqueo “es un punto más para el alijo”. Pero después, queda el trabajo duro. “Hay que llevar la droga a una guardería para que llegue a su destino, pasando por capitales como Madrid o Barcelona”, detalla. Enterrada, en zulos, en dobles fondos, bañeras de chalets que se abren con un botón y hasta en viviendas huecas, a modo de almacén, que esconden 4.000 kilos.

Cada actuación demuestra la impunidad con la que se mueven los encargados de llevarles suministros a los traficantes hasta alta mar. “Suelen ser insolventes. Muchos, drogadictos y analfabetos. No tienen nada, pero viven en el barrio del Zagal, en la Línea de la Concepción, sin asustarles lo que les pueda caer por llevar gasolina”, advierte este experto del Servicio Marítimo.