Multas administrativas “como las de Tráfico”, traslado del paciente a otro centro de salud y un registro de agresores a fin que los profesionales sepan cuando están ante un usuario condenado por atacar o amenazar a un compañero. Estas son algunas de las medidas que pide el Sindicato Médico de Málaga (SMM) para intentar atajar las agresiones en los centros sanitarios.

Las reivindicaciones no son nuevas, pero vuelven a ponerse sobre la mesa ante el incremento de los ataques físicos y verbales. En la provincia, en lo que va de año ya rozan los 40 casos, lo supera los registrados en 2018.

“Los agresores no se pueden ir de rositas”, argumenta el presidente de SMM, Antonio Martín. Aunque ya los juzgados suelen poner multas en sus sentencias, el sindicato reclama esa penalización pero de carácter administrativo de manera que sea automática, como las que pone la Dirección General de Tráfico. La propuesta ya ha sido presentada a la Administración sanitaria y obligaría a cambios legislativos.

El sindicato –que este viernes ha vuelto a concentrarse para repudiar la agresión del pasado lunes de una paciente psiquiátrica a la facultativa que la atendía en el Hospital Civil– reivindicó “medidas urgentes” ante las agresiones y arremetió contra “la pasividad de la Administración andaluza”.

Otra de las propuestas que reitera el SMM es la creación de un registro de agresores y de un sistema de alertas en el sistema informático para que los profesionales sepan cuando están ante un agresor condenado e incluso ante un reincidente en ataques físicos o verbales. El objetivo es que se tomen las medidas preventivas para que el profesional que tiene que atenderlo no esté solo.

El sindicato también reivindica otras sanciones administrativas como el cambio de centro a fin de que la conducta del usuario condenado tenga una penalización en su vida cotidiana. Martín volvió a reclamar además un mapa de zonas de riesgo para poder reforzar las medidas preventivas y de seguridad en aquellas “zonas calientes”.

Los facultativos demandan también más vigilantes y más cámaras. Como dato apuntan que en la provincia de Córdoba, con menos población y menos centros sanitarios, hay 671 cámaras de videovigilancia, mientras que en Málaga suman 394 con más habitantes y un mayor número de instalaciones sanitarias.

Médicos piden un registro de agresores para identificarlos y estar prevenidos

“En la actualidad se ha alcanzado un nivel de violencia e intolerancia que entre los facultativos cunde el miedo en su puesto de trabajo”, asegura el sindicato. Y agrega: “Muchos de los profesionales se sienten indefensos al ser víctimas de la prepotencia y la sinrazón de algunos de sus pacientes y por temor a represalias, ni cuentan su experiencia, ni denuncian estos casos deleznables e injustificables”.

Los datos autonómicos recogen un incremento de las agresiones. De 2017 a 2018, aumentaron un 10,6%. Sin embargo, en el primer trimestre de 2019, las cifras reflejan un crecimiento del 21%.