Una cartera se enfrentará a una petición fiscal de tres años de cárcel por un delito de infidelidad en la custodia de documentos al tirar a unos contenedores 241 sobres que tenía que repartir en Riogordo. El juicio comienza mañana en la Audiencia Provincial de Málaga y será un jurado popular el encargado de emitir un veredicto de culpabilidad o no, según han informado a Efe fuentes judiciales.

La acusada, al igual que en ocasiones anteriores, había sido contratada por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA, para prestar sus servicios en Riogordo en sustitución de la persona titular de ese puesto, según el relato acusatorio, al que ha tenido acceso Efe. La mujer tenía como funciones abrir la oficina, atender a los clientes y repartir las cartas correspondientes a una de las dos zonas en que, a efectos postales, se dividía el municipio, en horario de 8:30 a 15:30, para lo que debía recoger las llaves del Ayuntamiento.

Las cartas a repartir, más de doscientas, le fueron entregadas en una caja por el encargado de la otra zona del pueblo, sobre las 10:30 horas del 11 de marzo de 2013, siempre según la versión acusatoria.

La procesada, "lejos de cumplir con su función de custodia y reparto, a sabiendas", se apoderó de al menos 241 sobres que introdujo en dos bolsas de basura y los arrojó en unos contenedores situados en la entrada de la localidad, a la altura del kilómetro 22,500 de la carretera A-7204. Los sobres fueron encontrados al día siguiente por un trabajador de los servicios operativos de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía, quien los entregó de inmediato en la Comandancia de la Guardia Civil de Vélez-Málaga. Entre los referidos sobres, que se repartieron posteriormente a sus destinatarios, había veintiún sobres de correspondencia oficial.

Seis eran de la Junta de Andalucía, dos del Ministerio de Educación, tres de la Seguridad Social, uno del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, cinco del propio Ayuntamiento de Riogordo, uno de Muface, dos del Juzgado de Paz, y otro, confidencial, de la Intervención de Armas de la Guardia Civil, con destino al Cuartel de Riogordo.

Además, había 220 sobres de correspondencia particular, 84 de los cuales se encontraban en un mal estado. Además de la pena de prisión, el fiscal solicita inhabilitación para empleo o cargo público durante cinco años y multa de 16 meses a razón de una cuota diaria de 12 euros.