Piden imputar al número dos de la Policía por el caso del jefe del Puerto

La Fiscalía ha solicitado a la juez de Instrucción número 5 de Málaga, María Jesús del Río, que cite como imputado al director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), Miguel Ángel Fernández Chico, por los delitos de prevaricación y coacciones, según recoge el escrito fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press. El número dos del cuerpo fue denunciado por los sindicatos policiales en relación con la destitución del inspector jefe del puerto de Málaga el pasado verano.

Los hechos se remontan al 10 de julio, cuando un barco de pasajeros que une Málaga con Melilla sufrió un retraso de una hora en su salida. Según la denuncia presentada por los cinco sindicatos policiales, el inspector jefe destituido, en calidad de máximo responsable del cuerpo, ordenó que el control de pasajeros de entrada se realizase "de forma minuciosa y con todas las formalidades exigidas por el ordenamiento en vigor", lo que provocó la demora.

Aquellos días, miembros del CNP seguían una huelga de "trabajo a reglamento", convocada por los sindicatos dentro del conflicto colectivo planteado al Ministerio del Interior, en demanda de subidas salariales no satisfechas por el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba. En puertos, aeropuertos y fronteras, los policías nacionales se dedicaron a aplicar estrictamente la normativa, haciendo registros minuciosos a los pasajeros y solicitando la documentación a todos ellos, lo que provocaba considerables retrasos.

Como publicó este periódico poco después, el retraso en la salida del ferry de Málaga "no es nuevo, al confluir en el actual filtro de entradas y salidas los pasajes", señala la denuncia. Ese mismo día, el DAO transmitió telefónicamente al comisario provincial la orden de destitución "como consecuencia de las demoras" producidas, "dándole a entender que la había de ejecutar con carácter inmediato, extremo absolutamente inusual".

En la misma denuncia, se afirma que Fernández Chico "no tiene la competencia legal para cesar de forma fulminante a un funcionario" y se añade que, para hacerlo, coaccionó al comisario provincial, quien "no tenía intención" de destituir a su subordinado, pero al que "no le quedó más remedio que llevarlo a cabo como consecuencia de la llamada telefónica".

En este sentido, la denuncia recoge el Director Adjunto Operativo trasladó al jefe de Málaga "que de no cumplirse las instrucciones impartidas telefónicamente, podrían tener consecuencias para él".