El Pleno del Ayuntamiento de Málaga acaba de dar luz verde a la nueva Ordenanza de Vía Pública, que pasa a regular la instalación de terrazas de los negocios de hostelería en la ciudad. El texto final acepta dos alegaciones formuladas por el colectivo Mahos, relativas a las toldetas laterales y a la posibilidad de instalar plataformas, tarimas o cubrimientos para mejorar las condiciones de confort de las terrazas; y una de los vecinos del Centro, sobre la posibilidad de que se requiera la instalación de toldos fonoabsorbentes cuando la ocupación de vía publica pueda alterar el descanso de los residentes.

Con este acuerdo se pone fin a casi siete años de negociaciones, contactos, reuniones del equipo de gobierno con los diferentes actores implicados. El documento mantiene el contenido conocido desde hace meses, destacando la apuesta por exigir que en pasajes y calles peatonales la ocupación autorizada mantenga “obligatoriamente” un espacio libre de 3 metros para el acceso de vehículos de emergencia, siendo de 4 metros cuando la calle sea de preferencia peatonal. Este hecho ya provocó la advertencia de los empresarios, que consideraron el planteamiento como “excesivo” dada la “idiosincrasia” del Centro, “donde abundan las calles estrechas”.

Otra de las propuestas que sigue es la limitación de las superficies de terraza, en el sentido de permitir un máximo de ocupación de vía pública equivalente al 75% de la superficie de un establecimiento. Es decir, un restaurante de 100 metros podrá disponer como tope de 75 metros de terraza. Bien es cierto que la aplicación de este precepto no será inmediata para las actuales autorizaciones de ocupación, sino para las nuevas que se otorguen. Es decir, que en el grueso de los locales se dejará notar en el momento en que sean renovados los permisos de terrazas.

Si bien todo ello queda reflejado en la norma, el propio documento dibuja la herramienta con la que minimizar su aplicación, ya que fija la posibilidad de “exceptuar” estas exigencias en aquellas zonas “afectadas por un plan especial de aprovechamiento”. Una figura ya contenida en la anterior ordenanza y contestada por los vecinos del Centro. En la versión actual, la aprobación de esos planes se deja en manos de la Junta de Gobierno Local, que, “con carácter previo”, recabará informe sobre el mismo a las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente.