La Policía ha desmantelado una presunta red dedicada a emitir falsos certificados a privados y empresas de estar al corriente de los pagos con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). La operación iniciada el pasado mes de abril, se salda hasta el momento con el arresto de 31 personas, de las que nueve son funcionarios del Ministerio de Hacienda y seis de ellos han acabado en la cárcel.

Todos los detenidos ellos están siendo investigados por su participación en posibles delitos contra la administración pública, cohecho y falsedad documental, según ha informado Sur y ha confirmado Málaga Hoy. Además de los citados funcionarios, el juzgado de Instrucción número 1 de Málaga, que coordina la actuación ha dictado orden de prisión contra otras seis personas, según fuentes policiales.

La investigación, que ha permanecido secreta hasta el pasado viernes, se ha desarrollado en dos fases, la primera de ellas tuvo lugar en el mes de abril. Entonces se apresaron a 12 personas de las que tres eran funcionarios. En la segunda, que acaba de trascender hay que sumar otros 19 implicados más, de ellos seis trabajadores de la Administración pública del Estado.

Las pesquisas se iniciaron en torno a una presunta trama de certificados tributarios de estar al corriente en el pago de impuestos y carecer de deudas con Hacienda, que sirven para acreditar la solvencia de particulares y empresas. Este tipo de documentos son requeridos para trabajar con administraciones públicas, acceder a concursos o pedir subvenciones. Al parecer, la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detectó una serie de irregularidades en la expedición de estos certificados.

Cabe recordar que no es la primera vez que ocurre un suceso similar en Málaga. En 2017, el subinspector de la AEAT ingresó en prisión por posibles delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y organización criminal.

En esta operación, doce personas fueron detenidas por su presunta participación en estos mismos delitos, y se llevaron a cabo siete registros, cuatro en domicilios y tres en despachos profesionales. 

Esta investigación también puso al descubierto la involucración en el entramado delictivo de un despacho de abogados y una asesoría de la ciudad, así como distintas personas física y el despacho profesional del cabecilla de la trama.