La Policía registra la sede de Idental en Málaga en busca de pruebas

La Policía Nacional registró ayer las instalaciones en las que se ubicaba la clínica Idental en Málaga capital con el propósito de recuperar los historiales médicos de los pacientes y de buscar pruebas del posible fraude que se investiga por el cierre de este negocio. La operación se llevó a cabo de forma coordinada en 19 clínicas y oficinas vinculadas a Idental en ocho comunidades autónomas, en una diligencia ordenada por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Fuentes de este tribunal indicaron que los registros afectan en concreto a 17 clínicas: cinco en Andalucía (Almería, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga), cinco en la Comunidad valenciana (Valencia, Alicante, Castellón, Elche y Alfafar), tres en Cataluña (Barcelona, Girona y Tarragona), así como en Zaragoza, Gijón, Palma de Mallorca y Murcia.

Además, la Policía se personó en la sede en Madrid de Weston Hill Capital, la sociedad de inversión que adquirió el grupo Idental y que posee también la cadena de clínica Institutos Odontológicos (IO). Los registros fueron practicados en coordinación con la Comisaría General de Policía Judicial, y en concreto por agentes de la UDEF y la UDEV, así como con Mossos d'Esquadra en el caso de las clínicas situadas en Cataluña.

Según las primeras investigaciones, tras el colapso de Idental en octubre esta sociedad se hizo con el cien por cien del grupo empresarial por 25 millones de euros, con la finalidad de reflotar la sociedad, pero manteniendo el mismo modelo de negocio, tal y como explicó la Audiencia Nacional en una nota de prensa.

Esta sociedad de inversión se dedica a la adquisición de empresas en situación desfavorable y a maximizar la inversión a corto plazo y, según los indicios de los que dispone el juez, se trataría de fondos "buitre". También sospechan los investigadores que Weston Hill, como propietaria de IO, podría haberse beneficiado para ese negocio del material e instrumental obtenido en la compra de Idental.

El cierre de las clínicas afectó a miles de pacientes en 24 ciudades españolas, tantas como sedes tenía, hasta el punto de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió asumir la investigación por el presunto fraude.

Según las investigaciones, el funcionamiento diario de las clínicas habría consistido en ofertar tratamientos odontológicos a personas de ingresos medios o bajos con el reclamo de concederles importantes descuentos amparados en supuestas subvenciones. El objetivo de dirigirse a esta franja de población era la de captar fondos derivados de la financiación de los tratamientos bucodentales mediante créditos al consumo.