Acceder a una prisión con objetos que no están permitidos no es tarea fácil. Hay que superar una serie de controles de seguridad que van desde pasar por un escáner hasta los cacheos pertinentes de los funcionarios. Pero aún así hay quien consigue burlar estas inspecciones y logra colar en su interior materiales prohibidos, como es el caso de los teléfonos móviles, una situación que, según denuncian los sindicatos, es más que normal en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre.

Y es que requisar móviles a los internos se ha convertido casi en una tarea cotidiana para los funcionarios de la prisión, que advierten que "constantemente" se incautan teléfonos, con el consiguiente peligro que ello supone. Los reclusos que tengan en su poder un terminal pueden realizar llamadas desde el interior de la prisión sin que estas sean detectadas por ningún sistema, ya que sólo se controlan las establecidas desde líneas fijas. Así, un presidiario puede establecer contacto con el exterior para controlar y continuar con sus negocios delictivos (sobre todo los relacionados con la droga) desde dentro del centro, lo que, según los sindicatos, agrava el problema de seguridad en la prisión.

Las causas que motivan esta situación se centran en dos razones; la primera, que atañe a los controles de seguridad, es que los inhibidores de frecuencia de la cárcel no funcionan, provocando que en el centro haya cobertura cuando el sistema debería impedir que la hubiera. Desde Comisiones Obreras aseguran que los inhibidores lleva fallando desde hace más de un año, debido también a que no se contrató ningún mantenimiento para los aparatos, lo que provoca que existan redes móviles disponibles en la prisión, hecho que además corrobora UGT. La dirección del centro penitenciario afirma que no existe "ningún problema" con los inhibidores de frecuencia del recinto, aunque los sindicatos, en contraposición, garantizan que es un hecho que han puesto en conocimiento de la directiva en varias ocasiones, la última incluso, aseveran, en esta misma semana.

El segundo motivo que permite que se desarrolle esta situación es la falta de personal que también denuncian las organizaciones sindicales, que advierten que si hubieran más funcionarios penitenciarios, se podría realizar con mayor efectividad la labor de control de los trabajadores y, por tanto, incautar más material prohibido. "Harían falta unos 30 ó 40 funcionarios más", declaró Antonio González, responsable de la sección sindical de prisiones de UGT.

Y aunque las causas están detectadas, la solución parece no vislumbrarse, pese a que los sindicatos exijan la corrección de estos errores de manera inminente. Por su parte, desde el sindicato Acaip indicaron que pedirán a la Dirección que informe de esos fallos que afectan a la seguridad del recinto para resolverlos cuanto antes y desde Comisiones Obreras aseveran que seguirán trabajando a nivel sindical para solucionar estas cuestiones, pero no esperan que la administración se implique en el proceso: "Hemos pedido en más de una ocasión reuniones con la Subdelegación del Gobierno, no sólo por el tema de los inhibidores, también por otras cuestiones de seguridad. Nos hacemos el cuerpo a que no van a tomar cartas en el asunto", sentenció Juan Carlos Blanco, responsable de prisiones del sindicato.

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