Primer juicio en la Audiencia Nacional por corrupción en Marbella

El juicio contra Juan Antonio Roca fijado para el próximo jueves día 25 en la Audiencia Nacional por el caso Saqueo I vuelve a estar en el aire. Más de una década después de que se perpetrara el presunto desvío de 36 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella.

El posible aplazamiento del juicio se produce después de que el abogado de Roca, José Aníbal Pérez, haya renunciado a defenderle, según ha justificado, por el impago de sus honorarios.

Aunque la Sección IV de la Audiencia Nacional podría imponer al imputado un abogado de oficio, no está confirmado que se mantenga la fecha del juicio.

El ex asesor urbanístico se sentará en el banquillo junto a otros cinco acusados, entre los que está José Luis Sierra, ex abogado del fallecido Jesús Gil. Roca está acusado de malversación de caudales públicos y de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 10 años de cárcel. Hay previstas nueve sesiones que se celebrarán hasta el 14 de octubre y más de una veintena de testigos ofrecerán su testimonio.

Nada más iniciarse la instrucción hace ya siete años -la investigación se ha retrasado porque el juzgado Central número 6 fue el encargado de investigar los atentados del 11-M en Madrid-, estuvieron imputados Jesús Gil y José Luis Jiménez, uno de sus hombres de confianza. Ambos han fallecido y el caso se juzgará con seis acusados.

Además de Roca y Sierra, se sentarán en el banquillo Purificación Notario (esposa de Jiménez); los contables Eduardo Gonzálvez y Francisco Javier Herrera, empleados en sociedades municipales; y Manuel Castel, la persona que junto a Sierra y por orden de Gil "dio cobertura a la distracción de fondos municipales" para que "no fuese advertida por los órganos de control del gasto público", según la calificación provisional de la Fiscalía Anticorrupción.

Todos los acusados excepto Notario y Herrera se enfrentan a diez años de prisión por presunta malversación y falsedad en documento mercantil. Para ellos se piden ocho años de cárcel.

El entramado societario con el que presuntamente se desvió el dinero del erario público de Marbella se ideó a los pocos días de que el GIL se hiciera con la Alcaldía de Marbella, el 15 de junio de 1991. Sierra fue la persona que "diseñó el sistema de sociedades municipales, su estructura y funcionamiento y gestión".

Las empresas desde las que presuntamente se sustrajeron los fondos eran Contratas 2000 y Jardines 2000, en manos de Jiménez, y Planeamiento 2000, al frente de la cual se encontraba Roca. Entre 1991 y 1995, según la acusación pública, el dinero empezó a fluir desde las cuentas bancarias del Ayuntamiento hasta las de las sociedades municipales. Hasta 36 millones de euros, y con algo más de la mitad, "no ha podido determinarse" su destino porque no se han acreditado los receptores. El "artificio contable", según la Fiscalía, fueron cuatro empresas factureras, adquiridas por Roca en nombre de su madre unos años antes, que se registraron como proveedoras y actuaron de tapadera.