Trabajadores del personal técnico de integración social (PTIS) e intérpretes de lengua de signos (ILSE) pertenecientes a empresas con servicio externalizados, y que prestan servicio en centros educativos, han protagonizado este martes una concentración a las puertas de la Delegación Provincial de Educación de Málaga a propósito de la huelga indefinida a nivel andaluz que comenzaron hace dos semanas (y a la que están llamados alrededor de 2.000 PTIS y 200 ILSE) a través de la que reivindican la subrogación a tiempo completo, el cese de los impagos, la equiparación salarial en todo el sector, o la sustitución de los contratos fijos-discontinuos por indefinidos.

Con ésta, el colectivo suma una nueva movilización que se añade, entre otras, a la celebrada el pasado 19 de noviembre tanto en Málaga como en Sevilla, en la que el personal ha querido reflejar su situación con consignas como: "Somos necesarias, no complementarias". 

Al respecto, la coordinadora provincial de Izquierda Unida y portavoz en el Ayuntamiento de la capital de Con Málaga, Toni Morillas, ha esbozado algunas cifras para explicar el alcance de las protestas. "En nuestra comunidad autónoma se ha incrementado un 30% el número de niños con necesidades especiales y las PTIS no sólo se han externalizado, sino que están fuertemente precarizadas".

En este sentido, ha remarcado que las condiciones actuales están "generando situaciones que son devastadoras" en algunos centros. Es por esto que, a través de las múltiples concentraciones, piden a la Junta que "se siente y aborde una solución definitiva". 

Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga, Yolanda Gamero, se ha referido a las condiciones en las que trabajan: "Llevan años soportando una precariedad que es insoportable: recortes en su jornada, en sus salarios, incumplimientos de convenio colectivo, y la administración es cómplice de todos estos incumplimientos y de todos estos ataques a sus derechos laborales", ha criticado.

A lo que añadido que el problema es la externalización y que "desde el sindicato siempre hemos dicho que esta atencion al alumnado debe prestarse desde el empleo público", toda vez que "es un personal indispensable en los centros". 

Ha seguido la misma línea Juana María Martínez, PTIS privatizada en un centro público, que ha reclamado "la defensa de nuestros derechos laborales, pero también de la prestación de un servicio de calidad al alumnado más vulnerable".

Y ha recordado que este lunes, en Sevilla, el colectivo se mostró unido con la congregación de "más de 500 compañeras". Una acción que esperan repetir el próximo jueves, cuando han convocado una marcha, también en Sevilla, que irá desde la Consejería de Educación hasta el Parlamento andaluz.