Propietarios de zonas verdes exigen a Urbanismo casi 300 millones por su expropiación

Las expropiaciones de zonas verdes pasan a convertirse en la mayor amenaza para las arcas municipales. Los propietarios privados de 18 parcelas exigen en los tribunales al Ayuntamiento de Málaga casi 300 millones de euros por su expropiación, cifra a años luz de los poco más de 11 millones de euros (a excepción de tres expedientes pendientes de la hoja de justiprecio municipal) en los que valora la Gerencia de Urbanismo su obtención.

Esta realidad pone de relieve que lo ocurrido a principios de año con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de obligar al Consistorio a pagar 34 millones por un terreno, situado a las espaldas del colegio El Monte, comprado en 2007 por apenas 3,6 millones, marca una vía que podría reproducirse en otros casos. Con esta sentencia el Alto Tribunal andaluz avaló parcialmente la demanda de la propietaria, la empresa Parque Málaga, que apenas meses después de hacerse con la parcela instó a Urbanismo a que le expropiase por 68 millones.

Este conjunto de reclamaciones judiciales son consecuencia directa de la decisión de Urbanismo de no actuar de oficio en la obtención de estas pastillas, pintadas como sistemas locales en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1997. Según marca la ley, la Administración local disponía de cuatro años para enajenarlas. Una vez superado ese periodo, eran los privados los que podían exigir por ministerio de ley su expropiación, instrumento al que, grosso modo, se ha acogido la mayoría de los propietarios que ahora pleitean con el Ayuntamiento. La paradoja es que, en algunos casos, se trata de empresas promotoras e inmobiliarias que, conocimiento el funcionamiento del ordenamiento urbanístico, compraron los suelos a precios bajos para, posteriormente, exigir cuantías millonarias.

Al ejemplo del suelo del Colegio El Monte antes señalado puede sumarse otro en Paseo Salvador Rueda, por cuya compra exigen los privados 49 millones de euros al Consistorio. Este espacio fue valorado por los técnicos municipales en 1,2 millones, cifra elevada a 4,6 millones por la Comisión Provincial de Valoraciones. En la calle San Vicente de Paul, la petición del dueño se incrementa a 34,2 millones (el valor que le dio el Ayuntamiento, 1 millón; y la comisión, 2,3 millones).

El interrogante que pesa en estos supuestos apunta directamente a la responsabilidad del equipo de gobierno del PP, que no ejecutó estas expropiaciones en un escenario que hubiese permitido la obtención sin el riesgo que ahora supone para sus arcas. Al respecto, el delegado de Ordenación del Territorio, Diego Maldonado, explicó que no se inició de oficio la enajenación "porque las disponibilidades presupuestarias de los distintos presupuestos aprobados tras la entrada en vigor del PGOU en materia de inversión expropiatoria se fueron destinando a otros proyectos que se consideraban más relevantes".

Cita entre ellos la compra de suelo para el recinto de Cortijo de Torres, el túnel de la Alcazaba o de terrenos del centro para la construcción de viviendas. A pesar de ello, aclaró que sí se procedió en su momento a la expropiación de otras fincas para sistemas locales con destino a viarios, equipamiento y zonas verdes.

Al tiempo, el responsable municipal quiso aclarar que lo ocurrido en el planeamiento del 97 se corrige en el documento ya en vigor. ¿Cómo? Según puntualizó, "evitando al máximo las expropiaciones como sistema de obtención de suelos". En su lugar, los responsables de Urbanismo fijan dos vías para la obtención de las parcelas necesarias para equipamientos, viario o zonas verdes. En primer lugar, delimitando unidades de ejecución, lo que permite al Ayuntamiento quedarse con el terreno a cambio de dar a los dueños aprovechamientos urbanísticos en otros suelos; en segundo, mediante la figura del sistema general adscrito a suelo urbanizable, que incluye también compensaciones de este tipo.