El Puerto de Málaga quiere que el Gobierno central rescate del cajón del olvido la apuesta por el soterramiento del acceso ferroviario al recinto portuario. Una iniciativa comprometida por la Administración central en 2010, pero que más de una década después es ignorada por completo.

Muestra de ello es que sigue sin haber novedades sobre la redacción de un nuevo estudio informativo para impulsar esta intervención. Y ello a pesar de que es justamente la necesidad de disponer de este documento la razón esgrimida por el otrora Ministerio de Fomento y el actual de Transporte para justificar la inacción en este asunto.

La trascendencia de disponer de esta etapa técnica completada es mayor si se tiene en cuenta que el Puerto ha incluido esta obra, que en su día fue tasada en unos 50 millones, entre los proyectos a costear con los fondos europeos Next Generation. Una fuente de financiación que obliga a disponer de los documentos técnicos.

"Es verdad que este tema no está ni en la cabeza del ministerio, pero sí necesitamos su colaboración porque para poder acometer esto tiene que haber al menos un estudio informativo", expuso Rubio, quien demandó al Ejecutivo central que realice ese trabajo, "porque es lo que dará el pistoletazo de salida para cualquier otra actuación".

A la espera de novedades, los antecedentes no permiten ser optimistas respecto a la contestación del Gobierno. La última respuesta oficial emitida por la Administración central, fechada el pasado 20 de enero, evidencia la ausencia de movimiento alguno en el sentido de desbloquear esta infraestructura.

En la contestación formulada a una pregunta parlamentaria, el Gobierno recuerda que en julio de 2017, tras una reunión entre Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria de Málaga y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), se acordó realizar una consulta a la Subdirección de Planificación Ferroviaria "para ver si es necesario nuevo Estudio Informativo". "Realizada dicha consulta, la Subdirección de Planificación Ferroviaria ha concluido que es necesario redactar un nuevo Estudio Informativo", añade. La contestación no aporta detalle alguno sobre si tal tarea está siendo efectuada o está pendiente.

La posición del Gobierno no difiere de la mostrada en otras respuestas oficiales. En enero de 2017 reconoció la existencia de una reserva de 300.000 euros para, presuntamente, adaptar el proyecto constructivo elaborado en 2010. Algunos meses más tarde, ya en 2018, en otro escrito señalaba que para poder licitar las obras correspondientes era necesario adaptar el proyecto a la normativa vigente, siendo necesario un nuevo estudio informativo.