La contestación a las alrededor de 1.100 alegaciones formuladas hace ahora casi un año al hotel de 150 metros proyectado junto al dique de Levante entra en su recta final. A la espera de que las mismas sean formalizadas por la Gerencia de Urbanismo, ente encargado del trámite administrativo, este periódico ha podido conocer el detalle de las respuestas emitidas a algunas de las observaciones de mayor enjundia, relacionadas con la viabilidad económica y la cimentación del futuro proyecto.

En total, doce observaciones realizadas por el profesor de la Universidad de Málaga Rafael Esteve Secall, la Academia de Bellas Artes de San Telmo, Ecologistas en Acción y Equo, entre otros, y que son, en su totalidad, desestimadas. El pronunciamiento contrario a tales observaciones lleva la firma de la Autoridad Portuaria, justamente el ente que promueve ante el Ayuntamiento el ajuste urbanístico necesario para hacer posible esta edificación.

Como ya avanzó este periódico el pasado mes de octubre, es el organismo presidido por Carlos Rubio el que, tras la petición de colaboración de Urbanismo, formaliza la contestación a estos escritos. Con su respuesta, el Puerto da validez a toda la tramitación seguida, así como al contenido de los informes que defienden la solidez económica del proyecto impulsado por la familia real de Catar.

Uno de los puntos a los que se presta especial atención es el de la viabilidad económica de la iniciativa privada, elemento puesto en entredicho desde hace meses. Ejemplo de ello son las alegaciones de Esteve Secall, que cuestiona abiertamente las bases de la actuación. Sobre ello profundiza el Puerto. "Los alegantes intentan desvirtuar las conclusiones de la Memoria de Viabilidad (…) basándose en una conclusión tomada apriorísticamente como es que 'se trata de una operación inmobiliaria residencial'", se señala en la contestación.

"Es imposible dedicar esta instalación a uso residencial distinto del hotelero", precisa una de las respuestas

En la mismo se insiste en que la actual legislación portuaria estatal "prohíbe el uso residencial en las zonas de dominio público portuario estatal (…) excepción hecha del levantamiento de dicha prohibición por el Consejo de Ministros para uso hotelero". Y concluye: "es imposible dedicar esta instalación a uso residencial distinto del hotelero”. Sobre ello, apunta que al ser una zona ganada al mar mediante rellenos, "en caso de declaración de innecesariedad portuaria llevaría automáticamente a su clasificación como dominio público marítimo terrestre".

En total, según el documento que fue remitido a Urbanismo hace varias semanas, se da contestación a alegaciones divididas en cinco temáticas. Entre los alegantes, se pone en duda, de un lado, el procedimiento seguido por el Puerto para otorgar la concesión y que se basó en un procedimiento de concurrencia. Al respecto, el ente público alude a la existencia de informes de Puertos del Estado validando el camino finalmente seguido.

Y concluye: "queda claro que desde el punto de vista jurídico no se puede cuestionar el procedimiento seguido para la tramitación de la concesión por parte de la Autoridad Portuaria mediante el trámite de competencia de proyectos". Recuerda incluso que tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el mecanismo empleado no fue objeto de alegaciones.

Una segunda temática es la relativa a las "cimentaciones especiales" que requerirá el edificio. El Puerto entiende que esta cuestión no debería recibir contestación, por cuanto el trámite afecta exclusivamente a una modificación del planeamiento. A pesar de ello, habla de la existencia de una reserva presupuestaria por parte de los promotores de hasta un 18% de la inversión prevista y el "gran conocimiento" que se tiene de la composición de los terrenos donde se cimentará. Admite la necesidad de prever "una componente de incertidumbre que se irá despejando" cuando se procedan a realizar los sondeos geotécnicos, la construcción de las pantallas del cerramiento y los pilotes de cimentación de la torre.