Tras el pim-pam-pum dialéctico al que acostumbran la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, el acuerdo. Representantes de ambas administraciones, que días atrás se criticaron mutuamente en relación con lo ocurrido con el edificio en ruina de la calle Curadero, 6, propiedad de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), dejaron ayer a un lado sus diferencias y pusieron las bases para facilitar cuanto antes el realojo de las cuatro familias que ocupan este inmueble y a las que la Gerencia de Urbanismo dio un mes para abandonar la construcción dado su mal estado de conservación.

La solución en la que trabajan ambas instituciones es que en unos diez días sea posible habilitar las ayudas económicas necesarias para que tres de estas familias dispongan de una vivienda de renta libre en alquiler, dada la ausencia de pisos sociales vacíos a los que destinarlos. La cuarta familia, según informaron ayer fuentes autonómicas y municipales, dispondrá de la única vivienda vacante en la promoción de Soliva, también en arrendamiento.

A través de un comunicado conjunto, informaron de que en la jornada de ayer se celebró una reunión a la que asistieron, entre otros, el delegado municipal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado; el concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares; el gerente de EPSA, Juan Peña, y técnicos de ambas entidades públicas. Un encuentro en el que, indicaron, se sentaron las bases para afrontar la solución de estas familias, dado que "la colaboración permitirá ofrecer soluciones con mayor rapidez y eficacia".

Para agilizar la atención a estas trece personas, se va a atender la petición solicitada por EPSA al Consistorio de forma que mediante los mecanismos municipales se proceda al realojo provisional de los inquilinos y a darles cobertura a través de distintos planes. Para ello, al margen de la solución aportada con la vivienda de Soliva, detallaron que el resto de inquilinos se entrevistarán con los trabajadores sociales municipales y con la empresa autonómica para estudiar las alternativas y planes que se les pueden ofrecer y para tramitar los expedientes.

El compromiso asumido por EPSA, ente de la que depende la propiedad de la edificación, que fue expropiada en el marco del plan de rehabilitación de los arrabales del centro, es el de proceder al realojo "urgente", tanto en pisos de propiedad pública como, en su defecto, del mercado libre. En este segundo supuesto con carácter transitorio, hasta que se puedan realojar definitivamente en viviendas públicas.