Un recetario contra la crisis. Con esta referencia tan gastronómica podría bautizarse el conjunto de medidas que desde que alcanzó la Presidencia de la Junta de Andalucía viene poniendo sobre la mesa Susana Díaz. La venta de este particular modelo con el que recuperar, de la mano de los empresarios y sindicatos, el latir de la actividad económica y la creación de empleo llegó ayer a Málaga capital del Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Málaga. Un ingrediente sustancial dentro del producto al que quiere dar forma Díaz.

Acogida por unos doscientos constructores, arquitectos, hoteleros y representación variada de la Málaga social y política, la presidenta de la Junta puso sobre la mesa la necesidad de contar con la industria del ladrillo para recuperar el aliento perdido en los casi siete años de penuria económica. Lo hizo recordando la sangría que la paralización de este sector ha tenido en la comunidad, con una pérdida que cifró en 400.000 puestos de trabajo desde 2007.

Por ello, como viene haciéndolo desde hace meses, tildó de "fundamental" trabajar para reactivar la construcción, sustantivo al que suma el término sostenible, quizá en la idea de "aprender de los errores del pasado". "No se puede demonizar el sector de la construcción y todas sus industrias auxiliares", subrayó y confió en que las medidas ya diseñadas permitan no llegar al 15% del Producto Interior Bruto (PIB) que representaba esta industria antes de la crisis, ya que "no sería ni siquiera bueno", pero sí superar el 6% que supone en la actualidad y que "lastra la creación de empleo".

En esta senda, Díaz aludió a la apuesta del Gobierno andaluz por agilizar los trámites urbanísticos, en la necesidad de que la aprobación de un plan general de ordenación urbana tarde entre ocho y diez años, una circunstancia que, a su juicio, da "juego al intrusismo y a las malas prácticas". Otra de las herramientas pasa por simplificar el proceso administrativo. Por ello, la presidenta de la Junta anunció ayer que Consejo de Gobierno aprobará el próximo 22 de abril el decreto de reducción de trabas administrativas para las empresas. "Es un momento oportuno para eliminar parte de esos trámites innecesarios que lastran la recuperación económica", dijo.

Con este planteamiento dio respuesta a una de las exigencias que, minutos antes, le hizo el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, quien le reclamó que "retomen la senda de la inversión pública" y pague a las empresas el dinero que se adeuda desde hace años. "Es tiempo ahora de redactar los proyectos de infraestructuras", opinó el dirigente empresarial, que aprovechó para demandar la liquidación de las deudas pendientes, así como establecer un procedimiento para que no vuelva a haber retrasos en los pagos. "Se precisa un saneamiento real con el sector privado en la medida de las posibilidades de la Junta", defendió.

Estas acciones, según la dirigente andaluza, deben permitir ensalzar las bondades de la región como tierra de inversión y "trasladar una imagen de que las grandes empresas y entidades financieras confían en Andalucía y están dispuestas a invertir; ayudar a facilitar el crédito a las pymes para que ganen tamaño, puedan invertir y creen empleo, y abrir nuevos sectores a la inversión".

Un objetivo al que quiso contribuir comprometiéndose a no incrementar la presión fiscal en la comunidad. "No va a haber nuevos tipos impositivos y todo eso va a contribuir a dar seguridad a nuestra imagen fuera de la región", sentenció, al tiempo que reclamó al Gobierno central "seriedad", con el fin de que "todos estemos obligados a mantener el cumplimiento del objetivo de déficit" y que a todos los territorios se les mida "con la misma vara de medir".