El caso abierto por supuestas irregularidades en las obras del parking de Pío Baroja, en la barriada de El Palo, seguirá investigándose. El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ha rechazado el sobreseimiento provisional que había solicitado el gerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Málaga (Smassa), Manuel Díaz Guirado, citado a declarar en abril como investigado tras la denuncia por acoso de la que fuera jefa del Departamento de la Oficina Técnica. En una providencia dictada, a la que ha tenido acceso este periódico, el juez recalca que "no ha lugar" al archivo hasta que avance la instrucción de las mismas". 

Asimismo, el titular del Juzgado ha aceptado la personación del PSOE de Málaga en la causa como acusación particular. La intención de los socialistas, en palabras del portavoz municipal del PSOE y candidato a la Alcaldía, Daniel Pérez, es "conocer todo lo que ha pasado" sobre las presuntas irregularidades en las obras del aparcamiento en los bajos de las pistas del colegio Valle-Inclán.

La causa comenzó a ser investigada a raíz de la denuncia "por acoso y de la ex responsable del Departamento de la Oficina Técnica de Smassa, ya que la magistrada consideró que las actuaciones realizadas previamente presentaban "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

La Fiscalía de Málaga remitió al juzgado lo actuado en las diligencias de investigación iniciadas tras las denuncias de los grupos municipales de PSOE y Unidas Podemos.

Además del gerente, aunque en su caso como investigado, también han sido llamados a declarar como testigos el ex secretario del Consejo de Administración de Smassa, Francisco Souviron; el concejal de Movilidad, José del Río; al subdirector de Smassa, Leonardo Cordero, y la jefa de la Unidad Jurídica de la empresa, Cristina Ropero; como solicita en su denuncia la ex jefa técnica de la sociedad. 

Presiones para acabar la obra

En su denuncia, la que fuera jefa del Departamento de la Oficina Técnica acusaba al gerente de Smassa de recibir presiones para que la obra del aparcamiento de Pío Baroja acabase antes de las elecciones municipales. Rodríguez atribuye al gerente las palabras "están los concejales involucrados y no se puede decir que no llegamos", en una reunión en la que este, supuestamente, le habría pedido rehacer el cronograma de las obras para que se cumpliesen los plazos. 

La defensa de Manuel Díaz, que dirige el letrado José Carlos Aguilera, había pedido el sobreseimiento de la causa al considerar que "no se ha podido constatar la veracidad de las supuestas amenazas y agresiones verbales que la denunciante refiere haber recibido por parte del denunciado". En el escrito remitido al juzgado, negaba que se pudiera "establecer de forma clara y sin lugar a duda la existencia de una situación de acoso laboral". "En el relato de los hechos por parte de la denunciante existen afirmaciones no demostradas ni contrastables con los testimonios orales y escritos recogidos para la elaboración de este informe", recalcaba. 

"Discrepancias en un conflicto laboral"

Asimismo, argumentaba que existían "discrepancias" entre el gerente y la empleada "en un contexto de conflicto laboral derivado de los problemas surgidos en la ejecución de las obras de Pío Baroja y la reestructuración de la Oficina Técnica", pero esta falta de acuerdo, según la defensa, "no va más allá" y, por ende, "no podemos considerar probada la existencia de conductas propias que constituyan acoso (insultos, gritos o vejaciones".