Referéndum en García Grana

La barriada malagueña de García Grana será en las próximas semanas protagonista por una novedosa iniciativa municipal: una consulta popular, con urna incluida. El Instituto Municipal de la Vivienda, en colaboración con el Distrito de Cruz de Humilladero, está organizando la celebración de una especie de referéndum para que sean los vecinos de esta zona los que decidan sobre el modo en que se elegirán las 193 Viviendas de Protección Oficial (VPO) que integran la segunda fase de realojo de las familias del barrio.

De acuerdo con la propuesta del organismo municipal, la idea es que los adjudicatarios de estos pisos (cuyo listado está prácticamente cerrado) sean citados en la sede de la junta del distrito y voten a favor de una de las dos opciones de elección existentes: mediante sorteo, con lo que los primeros en salir serían los primeros en elegir, o por la antigüedad de los inquilinos.

El gerente adjunto del IMV, José María Cerezo, explicó a este periódico que esta consulta se puso sobre la mesa después de que algunos de los adjudicatarios mostrasen su malestar con la posibilidad de que la selección final se haga por sorteo y no por antigüedad. En esta tesitura, y con el fin de evitar polémicas como las ocurridas justamente en el proceso seguido en la primera fase de García Grana, cuando se denunció trato de favor hacia algunos de los vecinos, el Ayuntamiento opta finalmente porque sean directamente los afectados los que se pronuncien.

Esta opción es la primera vez que se plantea en la ciudad, puesto que tradicionalmente se ha empleado el mecanismo de sorteo como modelo de selección de viviendas sociales. No obstante, el desarrollo de la misma no será posible hasta que los técnicos del IMV cierren de forma definitiva el listado de adjudicatarios de esta segunda fase. "Un trámite que está a la espera de que se resuelvan los últimos flecos", comentó el gerente.

Sólo se está pendiente de los recursos que habían presentado algunas familias a las que se había concedido el alquiler de una vivienda de dos dormitorios y reclaman una de tres. En cuanto a los problemas derivados de los inquilinos que no estaban al día en el pago de las cuotas mensuales de las viviendas antiguas, requisito fijado para poder optar a una VPO, Cerezo precisó que se ha alcanzando un acuerdo con las cuatro o cinco personas que quedaban en esta situación para que puedan aplazar los pagos y puedan afrontar la deuda.

Una vez culminada esta segunda fase, que ha supuesto una inversión próxima a los 10 millones de euros, el Ayuntamiento ha sacado ya a concurso la construcción de otras 128 VPO, de las que 64, en régimen especial de venta, irán a parar a alguna de las familias seleccionadas en el sorteo celebrado a finales de 2006. El resto serán de alquiler y la mitad de ellas, unas 30, se destinarán a realojar a los vecinos de García Grana que aún restan.