La Fiscalía de Málaga ha retirado la acusación para dos de los imputados, Andrés A. M. y Luis M. F., en el juicio por el supuesto desvío para uso particular de más de 1,2 millones de euros de subvenciones de la Federación Andaluza de Asociaciones de Romaníes (Fara), ante la ausencia de pruebas contra ellos.

El Ministerio Público, que expuso ayer en el desarrollo del juicio sus conclusiones finales, mantiene la acusación para el resto de los trece imputados, aunque en el caso de Ramón V. C. ha retirado la correspondiente a un presunto delito de amenazas.

Asimismo, también sostuvo la acusación por apropiación indebida en calidad de cooperadores necesarios para tres acusados, pero añadió la alternativa de que éstos actuaran como cómplices, considerando que tenían "pleno conocimiento de lo que ocurría", aunque "probablemente no denunciaron por miedo a perder su puesto de trabajo".

Durante su exposición, el fiscal destacó que existe material probatorio suficiente para concluir que los acusados desviaron más de 1,2 millones de euros de las cuentas de Fara a través de traspasos de dinero a las cuentas de su presidente, Vicente Rodríguez Arribas, y de algunos de sus familiares, así como por medio de facturas falsas y recibos duplicados.

En este sentido, mantuvo para la cúpula de Fara su acusación por un delito continuado de apropiación indebida en concurso ideal con otro continuado contra la hacienda pública y ambos en concurso real con un delito continuado de falsedad de documento mercantil.

Según el Ministerio Público, el informe pericial establece la falta de la citada cantidad económica del global de subvenciones recibidas por Fara, mientras que las declaraciones de los policías que llevaron a cabo la investigación confirman que la federación funcionaba como una "caja común".

El fiscal destacó que en la comparecencia ante la Policía Nacional de Rodríguez, para el que pide doce años y medio de prisión, éste reconoció el trasvase de fondos de las cuentas de Fara a cuentas familiares, dinero que nunca fue repuesto, y que sacó cerca de 500.000 euros para adquirir unas tierras que puso a nombre de su mujer.

El fiscal recordó, además, otras declaraciones de varios acusados en comisaría y ante el juez que instruyó el caso -dado que estos se negaron a prestar declaración en el juicio- en las que supuestamente se confirma el desvío de dinero, irregularidades como la realización de nóminas ficticias o las amenazas que se imputa a algunos encausados.