Roca atribuye sus seis años de cárcel sin permisos a la demonización de Malaya

Juan Antonio Roca se siente socialmente muerto. Cuando está a punto de concluir el juicio por el caso Malaya que comenzó hace cerca de dos años, el principal procesado considera que ya nunca podrá recuperarse, sea cual sea la sentencia. El informe final remitido por su defensa al tribunal critica la "magnificación del procedimiento" hasta convertirlo en un proceso "cuasi demoniaco" que ha conducido a la "muerte social" de los procesados. Y es esa circunstancia la que opina que mantiene a Roca encerrado en la cárcel sin permisos desde hace seis años y tres meses. La defensa que ejerce la letrada Rocío Amigo subraya en el informe que "ninguna institución osa" concederle al ex asesor de urbanismo de Marbella ni siquiera un permiso de fin de semana.

La "magnificación del proceso" comenzó desde su punto de vista en el primer momento de la instrucción, "acuciada" por los agentes y "multiplicada" por "las constantes filtraciones" a los medios de comunicación. La letrada alude a las informaciones publicadas durante las investigaciones, mientras la causa permanecía bajo secreto sumarial", en las que únicamente recogía el punto de vista de los investigadores, obviando los datos favorables. "La versión de la investigación, mientras estuvo secreta, fue expuesta en primera página de telediarios y diarios", agrega, generando "un perjuicio incalculable" a los acusados.

La defensa recuerda que se televisaron detenciones, registros y hasta fichas policiales, se habló de cuentas en paraísos fiscales con millones de euros "que no existen", creando en el imaginario colectivo "un monstruo" que, desde su punto de vista y "a la vista de los hechos, no lo era". El escrito agrega que en aquellos tiempos se dijo "que tenía en nómina a altos cargos policiales, que dirigía todas las áreas del Ayuntamiento como un dictador" y que se valía de la coacción "para conseguir lo que quería", de modo que fue enjuiciado, sentenciado y socialmente condenado "hace ya seis años".

El efecto actual de esa "demonización", de acuerdo con la tesis de Juan Antonio Roca, se mantiene todavía hoy con la reiterada negativa a concederle permisos carcelarios. De hecho, la pasada Navidad, el principal acusado en el caso Malaya solicitó un permiso de 48 horas que la Audiencia Nacional le denegó en atención al importante número de causas abiertas que pesan sobre él.

En la actualidad Juan Antonio Roca tiene dos condenas firmes: una de seis años y 10 meses de reclusión dictada por la Audiencia Nacional en el caso Saqueo I por malversación y falsedad y otra de multa de 36.000 euros por cohecho al juez Urquía. Puesto que la segunda pena es económica, su reclusión en la cárcel responde exclusivamente al caso Saqueo I. La ley General Penitenciaria contempla salidas puntuales para aquellos presos que teniendo buena conducta en prisión hayan cumplido un cuarto de la condena. Roca ha superado con creces esa barrera sin que se hayan registrado cambios en su situación carcelaria, supuestamente a consecuencia de esa "demonización" del caso Malaya.

También ha sido condenado a otros cuatro años de cárcel en el caso Minutas, pero esa sentencia no es firme y está a la espera de que el Tribunal Supremo responda los recursos que interpusieron tanto la Fiscalía como las defensas. Además, tiene decenas de causas en fase de instrucción en los juzgados de Marbella y otra a punto de juicio en la Audiencia Nacional.

Desde que fue detenido en marzo de 2006 Roca únicamente ha logrado disfrutar de nueve días de libertad. Aquello ocurrió después de que en febrero de 2008 el juez Óscar Pérez acordara su libertad en el caso Malaya bajo fianza de 1 millón de euros. El acusado aportó las garantías y salió de la cárcel en abril. Sin embargo, el juez del caso Saqueo II amplió la fianza por esta causa hasta los 3 millones de euros, suma que el procesado no pudo reunir y le obligó a regresar a la prisión nueve días después.

La defensa, que expondrá su informe final ante el tribunal el 11 de julio, reclama para su defendido la libre absolución en el caso Malaya. No obstante, plantea al tribunal que en el supuesto de que dicte una sentencia condenatoria valore lo que considera que es un estigma producido por la magnificación de este asunto como un atenuante de la responsabilidad penal por "instrucción del todo irregular, cumplimiento anticipado de la pena y juicio paralelo".

También demanda que se atenúe cualquier pena que pudiera imponerle por su buen comportamiento posterior a los hechos considerados delictivos y por confesión, pues durante el juicio oral ha reconocido que pagó a los concejales, aunque con el matiz de que no fue a cambio de favores urbanísticos.