Roca y otros condenados piden amparo al Constitucional

El cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, y otros condenados en el caso Malaya han decidido pedir amparo al Tribunal Constitucional, al considerar que en este proceso se han vulnerado sus derechos fundamentales. Para ello, sus representantes legales han presentado ya recursos contra la sentencia, según informaron a Europa Press varias fuentes judiciales consultadas. Hasta ahora son una quincena de condenados los que han presentado dicho recurso, entre ellos se encuentra la ex primera teniente de alcalde Isabel García Marcos y otros cinco ex ediles, así como Montserrat Corulla y empresarios como Carlos Sánchez o Jesús Ruiz Casado, de la promotora Aifos.

En dichos escritos, precisaron las citadas fuentes, se reiteran las vulneraciones que ya se habían puesto de manifiesto en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo y, según su caso, en los incidentes de nulidad tramitados ante este último órgano, que fueron rechazados en su totalidad mediante un auto.

En el caso de los ex concejales, varios letrados han aludido en sus recursos de amparo al agravamiento de la pena que realizó el Supremo para el delito de cohecho, al cambiar el tipo delictivo. Además, algunas defensas han pedido al propio Constitucional la suspensión de la ejecución de la sentencia, ya iniciada por la Sala de la Audiencia de Málaga que juzgó el caso. El Tribunal Supremo emitió el 29 de julio de 2015 su sentencia de casación, en la que confirmó la mayoría de las condenas dictadas por la Sección Primera de la Audiencia en octubre de 2013, aunque agravó alguna de las penas impuestas a instancias de la Fiscalía. Posteriormente, rechazó los incidentes de nulidad y remitió a la Audiencia malagueña la causa.

En esos incidentes de nulidad, presentados en el Supremo, las defensas señalaban, entre otros argumentos, que se había producido vulneración de derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la tutela judicial y a un proceso con todas las garantías, así como por haberse aplicado normas penales en redacción y que perjudican a los acusados. La Sección Primera de la Audiencia de Málaga inició esta pasada semana la ejecución de la sentencia del caso Malaya y dio a 26 condenados un plazo de 10 días para ingresar en prisión. A otros 18 les requirió el pago de las multas y de las responsabilidades civiles acordadas en su día, tras lo que se decidirá sobre el ingreso o no en la cárcel.

Entre los condenados a los que se les ha instado a entrar en prisión, que tienen penas superiores a los dos años, se encuentra la ex regidora marbellí Marisol Yagüe, García Marcos y otros 11 exediles, así como Pedro Román y empresarios como Carlos Sánchez o José Ávila Rojas. De este grupo, sólo Roca, condenado a 17 años de cárcel, está en prisión.

En cuanto a los otros 18 condenados, con penas inferiores o igual a dos años, a los que se les ha requerido el pago de las multas, están el ex alcalde Julián Muñoz -también en prisión-, el constructor Rafael Gómez Sandokán, los tres exreponsables de Aifos, el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes y el que fuera jefe de la Policía Local Rafael del Pozo, entre otros.

Malaya se cierra con penas severas de cárcel para los cargos públicos que aceptaron y se beneficiaron de la corrupción y para los empresarios que trabajaron mano a mano en negocios sucios con el asesor de urbanismo del gilismo, Juan Antonio Roca, pero pasa casi de puntillas sobre los promotores inmobiliarios de la era del pelotazo que pagaron las mordidas. Desde el dueño de Aifos y sus principales ejecutivos, hasta el cordobés Rafael Gómez Sandokán, el sevillano José María González de Caldas, el empresario taurino Fidel San Román o el abulense Enrique Ventero, todos ellos han sido sentenciados a penas que oscilan desde seis meses de prisión a un año y 10 meses. En estas circunstancias, tienen la opción de solicitar la suspensión de la condena que potestativamente puede acordar el tribunal siempre y cuando hayan pagado las multas, asumido la responsabilidad civil establecida en la sentencia y no posean antecedentes penales.