El supuesto urdidor de la trama de corrupción de Marbella, Juan Antonio Roca, no sólo rechaza punto por punto todos los cargos que formulan las acusaciones del caso Malaya, sino que va más allá y critica que no se dejara a los equipos de gobierno del GIL que dirigieron Marbella entre 1991 y 2006 abordar la modernización del municipio por intereses "puramente partidistas" y mero "enconamiento personal" de quien debía "velar por el buen fin de la economía" local, en alusión a la Junta de Andalucía que condujo al Ayuntamiento a una situación financiera "insostenible".

El escrito de defensa niega la mayor, o sea que Juan Antonio Roca fuera el titiritero que movía los hilos de lo que se ha denominado un "urbanismo a la carta". Esta afirmación, desde su punto de vista, sólo muestra "la falta de conocimiento sobre la realidad municipal y sobre el alcance y significación de los instrumentos de planeamiento".

La defensa de Roca puntualiza que la situación de Marbella era insostenible con un plan general de ordenación urbana (PGOU) inaplicable porque no había sido publicado y, en todo caso, desfasado porque se pensó para "un pueblecito pesquero" de los años 80 y no para la Marbella turística de los 90.

Afirma que el alumbramiento del nuevo planeamiento fue abortado y ha sido ahora "quince años después" de que Gil iniciara su revisión en 1993 "cuando se ha convalidado casi al 100%", en referencia a la masiva legalización de viviendas fuera de ordenación.

El informe de la abogada defensora, la letrada Rocío Amigo recién incorporada al procedimiento, ataca también los hechos que se imputan a Roca sobre los que dice que "ni son delictivos ni mucho menos causaron perjuicio al ente municipal", máxime "cuando todos y cada uno de los hechos consignados contaron con la anuencia de quien hoy acusa que estaba (o debió estar) ejerciendo sus preceptivas labores de control y al tanto de todos y cada uno de los expedientes administrativos en los que hoy, más de una década después, basa su acusación". De nuevo la Junta de Andalucía ocupa el centro de la diana del supuesto cerebro de Malaya.

Además, arremete contra la capacidad de Roca que le atribuyen las acusaciones para hacer y deshacer a su antojo en Marbella. Indica que nunca ha sido funcionario, ha dictado resoluciones o tenido en sus manos dineros públicos, ya que únicamente era el gerente de urbanismo, puesto que no le daba competencia para otorgar licencias ni firmar convenios. También niega que haya "influido o tratado de influir" en los miembros del equipo de gobierno o en los funcionarios o que solicitara o recibiera dádivas para no ejercer labores de disciplina urbanística, entre otros motivos, porque "carecía de la cualidad y competencias necesarias".

La defensa critica el escrito de acusación formulado por la Fiscalía Anticorrupción, sostiene que el patrimonio acumulado por Roca procede de su "actividad mercantil" y reclama la presunción de inocencia que se trata de atacar bajo el argumento de que tiene multitud de procedimientos judiciales abiertos. En este sentido argumenta que no es delito valerse de una estructura societaria en los negocios, ostentar la titularidad de sociedades en el extranjero, contratar a contables, disponer de seguridad privada o comprar inmuebles.

También subraya que el Ministerio Fiscal finalmente no haya acusado por la conocida operación Crucero Banús, la compra de lotería premiada supuestamente para blanquear capitales ni la compra de objetos suntuarios. Aunque, por si acaso, niega "tajantemente" cualquier acusación futura en ese sentido.

El prolijo escrito de defensa elevado por la defensa de Roca al tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Málaga que juzgará el caso Malaya también desvincula a Juan Antonio Roca de más de 25 convenios urbanísticos, cerca de 15 licencias y expedientes municipales, así como adjudicaciones de servicios entre los que figuran la grúa municipal o la estación de autobuses. En estos casos reitera que el presunto cerebro de Malaya no tuvo nada que ver y que, además, se trató de decisiones del equipo de gobierno que contaron con la bendición del secretario e interventor, funcionarios de habilitación nacional encargados de velar de la legalidad de las decisiones municipales.

El escrito de defensa incorpora el escrito de acusación de la Fiscalía en el caso del hotel Guadalpín Banús. En ese asunto el Ministerio Público descarta la capacidad de Roca para hacer valer sus opiniones ante la comisión de gobierno. Afirma que no hay pruebas suficientes y "no ha quedado acreditado" que manejara a los concejales.