Roca: millonario, en quiebra, con VPO y subsidio del paro

El presunto cerebro de la trama de corrupción que se investiga en el caso Malaya explicó ayer sin pestañear que entre 1987 y 1992, mientras cobraba el subsidio por desempleo, era adjudicatario de una vivienda de VPO, tenía una empresa en suspensión de pagos y entraba en el registro de morosos (RAI) por impago de una letra, sus sociedades amasaron un capital de tres millones de euros, que aún siendo negro le permitió levantar un imperio valorado en 210 millones.

La gallardía con la que Roca se maneja ante el tribunal y la soltura con la que separa la salud de sus empresas antes de llegar al Ayuntamiento de Marbella y la fragilidad de su economía personal en aquellos años, pasma. Dijo que él no había llegado a la vida pública local "en un Seat panda", o sea, siendo un don nadie, sino con un importante patrimonio inmobiliario a sus espaldas reunido fundamentalmente a través de la sociedad Marbella Inversiones, constituida en 1986, que acumuló tres millones de euros en bienes que vendió entre 1991 y 1995 "para generar liquidez". Esas ventas, según su versión, se formalizaban a través de contratos privados y sin escrituras. De esa forma, se ahorraba pagar impuestos.

Sin embargo, no hay ningún rastro documental de esas ventas que, de acuerdo con la estrategia del acusado, sirvieron para alimentar las operaciones inmobiliarias que en diez años lo convirtieron en millonario. La Policía en su momento intervino en un trastero de su propiedad papeles acreditativos de las compras realizadas por Marbella Inversiones, pero en la causa no figura ningún documento que corrobore que se vendieron.

Roca dejó caer que esa documentación existió y que sorpresivamente no está en el procedimiento, afirmación que tuvo la cualidad de sacar de sus casillas al fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, quien le espetó que él estuvo presente en ese registro y que no se halló ningún papel de venta de activos. El procesado trató de detener la insinuación al grito de "líbreme Dios de decir que hay documentación que no se ha aportado".

La estrategia de Juan Antonio Roca pasa por presentarse como un empresario tan astuto como marrullero, que no paga impuestos, utiliza testaferros y oculta los beneficios a Hacienda, pero que es sagaz para detectar oportunidades de negocio. En definitiva, un tipo listo y tramposo. Pero un tramposo menor, en primer lugar porque si existió fraude fiscal ya ha prescrito, en segundo lugar, porque en aquellos años el impago de impuestos no era considerado un delito antecedente del blanqueo de capitales, y en este bloque del caso Malaya se le acusa de lavar dinero negro, y en tercer lugar porque la evasión de impuestos todavía goza de la empatía social.

No obstante, mientras las cuentas de resultados de sus negocios crecían como panes y peces convirtiendo tres millones de euros en 210 millones en menos de 15 años, su economía personal seguía lo que en apariencia es el camino inverso.

En 1987 sus ingresos declarados debieron ser tan magros que le hicieron beneficiario de una vivienda de protección oficial (VPO) en Los Alcázares (Murcia), justo donde unos años después desplegaría gran parte de su actividad inmobiliaria. Y entre 1991 y mayo de 1992, coincidiendo con las supuestas ventas patrimoniales de Marbella Inversiones, percibió el subsidio de desempleo. Para completar este panorama, Comarsa, una de sus empresas, instó la suspensión de pagos, mientras que la devolución de un talón valorado en 6.000 euros le hizo entrar en el registro de morosos.

Roca ha justificado como ha podido esas circunstancias: ha alegado que estaba en el paro para lograr una reducción en las cuotas a la Seguridad Social en un empleo inminente, que Comarsa quebró por desencuentros con el vendedor y que el talón de 6.000 euros se devolvió no porque no tuviera dinero, sino porque le interesaba. "Si quien devuelve un talón no tuviera dinero, en este país no tendría dinero ni Dios", apostilló para dejar claro que él sobre todo era millonario antes de llegar al Ayuntamiento.