Roca sugiere que el GIL gestionó bien porque las casas se han legalizado

El exasesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, se amparó ayer en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de enero de 2010 que promovió la legalización masiva de las viviendas ilegales de la era GIL para defender la gestión urbanística que realizó entre 2003 y 2006 Marisol Yagüe. Su teoría es que la exalcaldesa hizo bien en no revisar ni anular las licencias ilegales concedidas por los gobiernos anteriores porque, como se ha visto con el paso del tiempo, eran legalizables.

Juan Antonio Roca ha mantenido a lo largo del juicio que la moción de censura que en agosto de 2003 sacó de la alcaldía a Julián Muñoz para aupar a Yagüe marcó un antes y un después en el urbanismo de Marbella. El Ayuntamiento, de acuerdo con su versión, quería enmendarse, olvidar el PGOU de 1998, nunca aprobado, y elaborar un plan acorde con el Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que no hallara obstáculos en la Junta de Andalucía. Roca ha afirmado hasta la saciedad que el gobierno de Yagüe nunca dio ni una sola licencia de obras ilegal.

La Fiscalía Anticorrupción afirma, sin embargo, que esto no era tan así, porque, efectivamente, Yagüe no autorizó que se edificaran viviendas fuera de ordenamiento pero sí permitió que lo construido ilegalmente se habitara haciendo que recayera el silencio administrativo sobre las solicitudes de primera ocupación.

Ayer, el letrado José Manuel Delgado, en representación de la Junta de Andalucía, que ejerce la acción popular en el caso Malaya, dio un paso adelante en esta lectura de los hechos. Primero detalló 11 licencias de obra y un proyecto de ejecución para construir cientos de viviendas firmados en la etapa de Jesús Gil que fueron anulados por los tribunales y, sin embargo, el gobierno de Yagüe no revisó esas licencias ni paró las obras. En segundo lugar, el abogado recordó que la Junta y el Ayuntamiento de Marbella firmaron un convenio de normalización urbanística que la Junta resolvió unilateralmente porque el gobierno local "incumplía sus obligaciones" por no detener las edificaciones que se ejecutaban con los permisos de obra anulados por los jueces.

Juan Antonio Roca reconoció que ese convenio de colaboración lo rompió la Junta porque Yagüe "no hacía caso a las revisiones de las licencias de obra" que le exigían, pero precisó que la petición de la Administración andaluza era "un tremendo disparate". "La Junta quería que se paralizara Marbella", mientras que el Ayuntamiento prefería antes de dar ningún paso ver cómo quedaban los diferentes suelos en el nuevo PGOU que se empezaba a elaborar.

Y la prueba de que tiene razón reside, de acuerdo con su punto de vista, en que después el equipo de la popular Ángeles Muñoz tampoco revisó esos permisos municipales y el PGOU "ha legalizado el 99% de las 30.000 viviendas" construidas con licencias dadas por el GIL al amparo de un plan general de ordenación urbanas que a efectos legales nunca existió. En su opinión no tenía sentido actuar sobre unas licencias de obra aún cuando hubieran sido declaradas nulas por los tribunales si después se iban a legalizar las viviendas.